El Supremo eleva de 11 a 17 años la condena a Roca por el 'caso Malaya'

Dos años después de que se conociera la sentencia por el 'caso Malaya', y nueve años después de que saltara el primer gran escándalo de corrupción municipal en España, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha cerrado definitivamente el caso este miércoles al resolver los recursos presentados por los inculpados. En líneas generales, mantiene el reparto de responsabilidades de los 52 condenados por la Audiencia de Málaga, rebajando levemente las condenas de cárcel salvo en el caso del supuesto cerebro de la trama, el exasesor de urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca, a quien se le aumenta la pena de 11 a 17 años de cárcel. El caso alcanzó tal magnitud que se tuvo que separar en casi cien piezas diferentes para hacerlo más manejable. Una de ellas, la que condenó a dos años de cárcel a la cantante Isabel Pantoja por blanqueo.

Según consta en el nuevo fallo, de casi 4.000 folios, los magistrados añaden un nuevo delito contra la Hacienda pública al hombre que manejó en la sombra los hilos del ayuntamiento de la Costa del Sol en los años 90, agravando además las condenas por cohecho y blanqueo de capitales al considerar que fueron realizados como jefe de una organización. Además, le mantiene la inhabilitación por siete años para cargo público, y también la multa en 232 millones de euros, así como una responsabilidad civil de abonar a la Hacienda Pública de 465.000 de euros.

LA NOVEDAD

Como novedad, el Supremo establece que este dinero, el resto de las multas y los bienes incautados, que compensarían el dinero desvalijado de las arcas públicas durante el tiempo que estuvieron en el ayuntamiento, vaya a parar al Estado y no al consistorio marbellí, como determinó la Audiencia de Málaga en su sentencia para compensar el daño causado a la localidad.

Sobre el resto de cabecillas de la red, el Supremo rebaja las penas impuestas a la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, que ha sido condenada a tres años y seis meses de cárcel por cohecho pasivo y a una multa de dos millones de euros, frente a los seis años que dictó el tribunal malagueño. Ha sido absuelta del delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas. En la misma línea se encuentra el fallo sobre la exconcejala Isabel García Marcos, primero en el PSOE y luego en el GIL, que ve rebajada su pena de cuatro años a tres años y seis meses por cohecho pasivo, aunque la multa es inferior, de 700.000 euros.

Por su parte, Pedro Román, hombre fuerte de Jesús Gil, ha sido condenado a tres años y seis meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública relativo al año 2002, aunque ha sido absuelto de otros tres correspondientes al 2003, el 2004 y el 2005. El Supremo le impone una multa de 6,7 millones de euros, más 1,9 millones en concepto de responsabilidad civil.

LOS EMPRESARIOS

Respecto a los empresarios acusados de pagar mordidas para poder edificar e ir diseñando el urbanismo de la ciudad en función de sus intereses junto a Roca, el Supremo también aplica una rebaja en las penas. Los constructores Carlos Sánchez y Andrés Liétor, los más cercanos al exasesor de urbanismo, mantienen la multa de cuatro millones pero ven reducida su condena de poco más de seis años de cárcel a cuatro años y medio. El granadino José Avila Rojas pasa de tres años y ocho meses de cárcel a tres años y medio, aunque su multa se incrementa de 11,5 a 16 millones de euros, mientras que los responsables de la promotora Aifos ven reducida su condena de tres años a 22 meses. También el expresidente del Sevilla F.C. José María González de Caldas sale beneficiado de su recurso y ve reducida su condena de ocho meses a seis meses de prisión, evitando además el pago de multa.

Las condenas a los empresarios fueron uno de los elementos que más frustración despertó en la opinión pública, dado que apenas tenían pena de prisión o podían evitarla fácilmente al ser inferior a dos años pese a formar parte activa de la trama corrupta. Ya el fiscal reprochó "el buenismo" de este fallo y pidió una sentencia "ejemplar y justa".

NUEVE AÑOS

El Tribunal Supremo ha tardado casi un año en resolver los diversos recursos de un caso que se inició en marzo del 2006 con la detención de los responsables municipales de Marbella, la primera vez que las fuerzas de seguridad irrumpían en un consistorio para detener a sus responsables. En la vista por el recurso, la Fiscalía solicitó más pena para la mayoría de los procesados que fueron condenados, pidiendo una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas, mientras que la abogada de Roca reclamó "depuración y limpieza" de todo el procedimiento judicial porque la instrucción la había realizado un "enemigo del investigado", en alusión al magistrado instructor Miguel Ángel Torres, y "sin sujeción a la Constitución ni a la ley".