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CRÍMENES DEL FRANQUISMO

Dos víctimas de Franco subrayan ante el Supremo que su objetivo es recuperar a sus familiares

Un historiador justifica la denuncia ante la Audiencia Nacional porque la sociedad civil ya está preparada para saber lo que pasó

Lunes, 13 de febrero del 2012 - 12:27h. Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto
MARGARITA BATALLAS / Madrid

Dos víctimas del franquismo declaran ante el Tribunal Supremo. ATLAS.

Miembros de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, citados como testigos, participaron el martes en el acto 'Derecho a recordar. Derecho a hablar', organizado por la plataforma Solidarios con Garzón. KOTE RODRIGO | EFE

Dos víctimas de la dictadura de Franco y un historiador han comparecido, en calidad de testigos, en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes del anterior régimen. Pino Sosa, de 75 años, ha explicado a los jueces que su padre desapareció durante la dictadura.

“Se lo llevaron vivo y vivo lo reclamamos", ha relatado para justificar los motivos por los que su madre se negó a recoger el certificado de defunción de su padre. "Se lo llevaron de casa, lo apalearon, lo tuvieron preso, le hicieron muchas cosas, y a mi madre y a mí nos quitaron el pan y la sal", ha referido Sosa, que ha recogido el testimonio de más de 500 familiares de desaparecidos en Gran Canaria.

Por su parte, María Martín, de 81 años, ha explicado con la voz entrecortada que mataron a su madre porque no llevaba 1.000 pesetas y que desde entonces la está buscando. "No nos han dejado recuperar el cuerpo de mi madre", ha señalado. Y ha recordado que “desde 1977” intenta recuperar el cuerpo de su madre como le pidió su padre. “Yo solo quiero recoger los restos", ha agregado.

Testimonio de un historiador

La sesión ha concluido con el testimonio del historiador Ángel Rodríguez, que ha explicado que gracias a una ardua investigación ha podido determinar que un año antes del golpe de Estado de 1936, los franquistas diseñaron un plan sistemático de eliminación de los responsables del Gobierno de la Segunda República. Rodríguez ha apuntado que acudió a la justicia después de reunir la información que probó sus tesis al abrirse los archivos del Ejército en 1999. Y ha denunciado "la suspensión de la memoria" que se impuso en España tras el golpe de Estado del 23-F y que terminó con el proceso de apertura de fosas de desaparecidos durante la guerra civil.

El historiador ha descrito los hechos ocurridos en España entre 1936 y 1939 como algo "terrorífico" y ha justificado la presentación de la denuncia en la Audiencia Nacional porque en otras partes se habían producido hechos similares. "Fue un hecho histórico que distintas personas muy sensibilizadas con los derechos humanos confluyéramos para presentar la demanda". Y es que, en su opinión, la sociedad civil ya está preparada para saber lo que pasó durante el franquismo.

El juicio continuará el jueves con la declaración de nuevos testigos. En principio está previsto que la prueba testifical termine el próximo 8 de febrero. A continuación, se celebrará la prueba documental en la que Garzón intentará demostrar que su decisión de investigar los crímenes del franquismo es defendible jurídicamente. El togado se enfrenta a una pena de inhabilitación de 20 años por una prevaricación.

Garzón declaró el martes

En la sesión del martes declaró Garzón que explicó que investigó estos hechos porque tenía la obligación de reparar a las miles de víctimas de la dictadura. También rechazó que su ideología hubiera influido en su decisión o que hubiera abierto este caso para ganar notoriedad. El togado de la Audiencia se negó a contestar a las preguntas del sindicato ultraderechista Manos Limpias.

El juicio se celebra después de que los jueces se negaran a aceptar las cuestiones previas presentadas por el defensor del juez, Gonzalo Martínez Fresneda, al entender que los excesos cometidos por el juez Luciano Varela no son suficientes para anular su instrucción. Garzón está acusado de un delito de prevaricación y se enfrenta a 20 años de inhabilitación.

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