EL DEBATE SOBERANISTA

El TSJC reclama a Forcadell las resoluciones sobre la celebración de un referéndum

La jueza impulsa la última querella presentada por la fiscalía contra la presidenta de la Cámara catalana y tres diputados

Carme Forcadell.

Carme Forcadell.

J. G. ALBALAT / BARCELONA

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La jueza del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret, que instruye las querellas presentadas por la fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y tres miembros de la Mesa, ha solicitado a la Cámara catalana que "lo antes posible" aporte una copia autentificada de las resoluciones adoptadas después de la providencia del Tribunal Constitucional, de 19 de julio del 2016, que prohíbe cualquier acto vinculado al proceso soberanista. En su escrito, concreta su interés especial sobre varias resoluciones, más anexos y transcripciones de los debates, del 5 y 6 de octubre del 2016, sobre la iniciativa de Junts pel Sí y la CUPJunts pel SíCUP que aboga por convocar un referéndum unilateral sobre la independencia.

La magistrada, además, como el Tribunal Constitucional, notificó la providencia del 6 de octubre del 2016, puntualizando el día, hora y "minuto" de la recepción" y como se recibió, si por correo electrónico, carta u otros medios. También ha requerido al Tribunal Constitucional para que les remita una copia de las notificaciones y peticiones realizadas a los miembros de la Mesa del Parlament de la providencia del 19 de julio del 2016.

LA QUERELLA MÁS RECIENTE

La Fiscalía Superior de Catalunya presentó el pasado 23 de febrero una nueva querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que también afecta a otros tres miembros de la Mesa de la Cámara. El ministerio público les atribuye los delitos de desobediencia y prevaricación al permitir que se tramitara la propuesta de resolución de Junts pel Sí y la CUP que abogaba por convocar un referéndum unilateral sobre la independencia y que fue aprobada con los votos de estos dos grupos el pasado 6 de octubre

La demanda responde a la decisión del TC de anular la hoja de ruta de la 'desconexión' impulsada por los partidos independentistas.