EL DEBATE SOBERANISTA

El TSJC investiga a los presidentes de la AMI y de la ACM por el 1-O

El alto tribunal admite la querella de la fiscalía contra los dos diputados y nombra al magistrado que instruirá el caso

Neus lloveras  i Miquel buch

Neus lloveras i Miquel buch / periodico

J. G. Albalat / Barcelona

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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) investigará por desobediencia por el referéndum del 1-O a la presidenta de la Associació de Municipis per la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miguel Buch, los dos diputados en el Parlament. El alto tribunal ha admitido la querella presentada por la fiscalía y ha nombrado instructor de este proceso judicial al magistrado Seguí Puntás.

La Fiscalía Superior de Catalunya presentó este jueves una querella por presunta desobediencia contra Lloveras. alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y diputada en el Parlament de JxSí, y contra Buch, regidor de Premià de Mar, ambos de PDeCAT, por contribuir con actos concretos a la promoción, organización y celebración del referéndum.

La querella solicita que se advierta a los responsables municipales, "con los apercibimientos legales", de que deben impartir "las instrucciones precisas a fin de impedir que se facilite cualquier tipo de recurso personal o material para el referéndum, y singularmente, la prohibición de imprimir, colocar o difundir por cualquier medio carteles de fomento de la participación o a favor del Sí, debiendo retirar, en su caso, los que ya se hayan colocado".

Acciones concretas

La Fiscalía atribuye a los responsables de la AMI y la ACM haber "realizado actos inequívocos de promoción y organización de esta inconstitucional convocatoria referendaria". Así, señala que "apenas unos minutos después de haber sido aprobados" la ley del referéndum y el decreto de convocatoria desde la cuenta de correo ami@ami.cat se envió una comunicación a todos los alcaldes para promover decretos de la alcaldía en apoyo a la consulta.

Entre las medidas cautelares se prevé la exigencia de fianza a Lloveras y Buch y, en su caso, "embargo de bienes en la cuantía o por el valor que prudencialmente se fije". Además, se insiste en la instrucción  enviada a Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra para requisen urnas, sobres electorales, manuales para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, carteles de participación y elementos informáticos.