El tribunal del 'caso Palau' rechaza que el Consorci pida ahora acusar a CDC

El tribunal que juzga de saqueo del Palau de la Musica en la época de Fèlix Millet ha rechazado este viernes la petición del consorcio de dicha entidad, en el que participan las administraciones, de adherirse a la fiscalía en la acusación contra Convergència Democràtica (CDC) Convergència Democràtica (CDC) y a su extesorero, Daniel Osácar. Los magistrados consideran que esta solicitud se ha presentado fuera del plazo  y más cuando el consorcio había elevado a definitivas sus conclusiones el pasado 17 de mayo.

En estas no se acusaba al partido ni a su extesorero, La presidenta del tribuna, Montserrat Comas, ha argumentado que no se puede reabrir una trámite que estaba formalizado (la confirmación de los escritos de acusación), a la vez que ha recordado que ellos están para velar por las "formalidades procesales" y, por lo tanto, no pueden aceptar una modificación que podría provocar la nulidad del juicio por la vulneración del derecho de defensa. El teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, ha anunciado que se estudiará pedir "responsabilidades" a los representantes de la Generalitat que impidieron en un primer momento acuar a CDC.

LA POSICIÓN DEL FISCAL

El fiscal Emilio Sánchez UlledEmilio Sánchez Ulled ha alegado que no era pertinente la aceptación de la modificación del corsorcio por el momento procesal en que se produce. Sin embargo, ha dejado abierta la puerta a que el abogado del consorcio, que es de la Generalitat, en su informe pueda expresar lo que considere conveniente e incluso adherirse a su tesis. El abogado Álex Solà, que ejerce la acusación popular en nombre de la Federació de Veïns de Barcelona (FAVB), en cambio, ha apoyado la petición del consorcio.

Como era de esperar, el abogado Xavier Melero, que representa a CDC y al extesorero Osàcar, se ha opuesto a la pretensión del consorcio. Primero por que el trámite de conclusiones había finalizado el 17 de mayo y, en segundo lugar, porque, a su entender, el juicio debe ser ajeno a cambios de índole político. El letrado ha lamentado que el abogado de la Generalitat se vea ahora en esa posición ha recomendado que los organismos públicos, como el consorcio, recurran en un futuro a la "abogacía privada" para no verse "expuesto a este tipo de situaciones".

Melero consida que los 6,6 millones que el fiscal reclama que se decomisen a CDC no pueden revertir en la entidad cultura porque no son suyos, pues sólo canalizó las presuntas comisiones de Ferrovial a CDC. "A veces solo el formalismo nos protege del peligrosísimo idealismo de burócratas y políticos", ha concluido.

CONSIDERACIONES POLÍTICAS

La mayoría de las defensas se han opuesto también a las pretensiones del consorcio. El abogado de Milet, Abraham Castro, ha precisado que "es inadmisible que consideraciones estrictamente politicas se permita que incidan en el normal desarrollo de un juicio". Los abogados de los dos diirectivos de Ferrovial ivestigados también se han opuesto a la petición del consorcio, que se basaba en una decisión adoptada esta semana por los órganos de gobierno de esta entidad y a una resoluciones aprobadas por el Parlament de Catalunya.

Las defensas han presentado este mismo viernes sus escritos. Algunas de ellas los han modificado y adaptado a las confesiones de sus clientes, como es el caso de Félix Millet, Jordi Montull y su hija,Gemma Montull. El fiscal reclama para Millet 14 años y nueve meses de prisión, para Jordi Montull, 10 años y 10 meses, y para su hija, tres años de prisión, uno de ellos sustituible por multa, con lo cual no ingresaría en la prisión. La defensa reclama para Millet dos años y para Montull padre e hija, de forma alternavita a la solicitud del fiscal, menos de un año. el próximos lunes el fiscal Emilio Sánchez Ulled hará su informe final.