El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) ha condenado este martes al Estado español a pagar 24.000 euros a Martxelo Otamendi, exidrector del diario 'Egunkaria', por vulneración del derecho que prohíbe tratos inhumanos o degradantes a los detenidos. La Corte Europea toma esta decisión porque los jueces se negaron a investigar la denuncia por torturas presentada por el periodista contra los agentes de la guardia civil que le arrestaron, en febrero del 2003, por su presunta relación con ETA y le tuvieron cinco días incomunicado.

Los cinco imputados en el 'caso Egunkaria', con Martxelo Otamendi a la izquierda. A su lado, Juan Maria Torrealday, Txema Auzmendi, Iñaki Uria y Xabier Oleaga, en la exsede del diario 'Egunkaria', en Andoain (Vizcaya), el 12 de Abril del 2010. VINCENT WEST

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Otamendi denunció al juez Juan del Olmo, cuando pasó a disposición judicial el 25 de febrero del 2003, porque durante su detención había sido objeto de malos tratos, según dijo. En concreto, relató que no le habían dejado dormir, que le habían obligado a estar de pie varias horas, a hacer flexiones, que recibió insultos y que le hicieron adoptar una posición sexual. También le amenazaron de muerte y simularon que le disparaban.

El periodista pidió al juez de la Audiencia que remitiera a los juzgados ordinarios su testimonio de torturas, pero el togado se negó al alegar que la causa era secreta. Por ello, Otamendi acudió personalmente a los juzgados de Madrid donde presentó la denuncia, que fue archivada en febrero del 2004 sin que la magistrada escuchara al periodista ni a los agentes que le detuvieron. Solo interrogó al forense que ratificó la versión oficial.

Demanda "defendible"

Para la Corte Europea, los jueces españoles deberían haber investigado esta denuncia porque "la demanda era defendible", pero en vez de ello permanecieron "pasivos", a pesar de que las pruebas solicitadas por el periodista podían haber "esclarecido" los hechos. Además, Estrasburgo sostiene que "la situación de vulnerabilidad" de los detenidos en situación de incomunicación "justifican medidas de vigilancia apropiada con el fin de que los abusos se eviten".

Por ello, condena al Estado español a pagar a Otamendi 20.000 euros por daños morales y 4.000 por los gastos ocasionados por la demanda. El Gobierno español puede recurrir este fallo ante la Gran Sala que está integrada por 17 jueces.

La Audiencia Nacional absolvió a todos los imputados en el 'caso Egunkaria' el 12 de abril del 2010.