Xavier Crespo, el exalcalde de Lloret de Mar y actual diputado de CiU que protagonizó un misterioso episodio a principios de legislatura con su fallido nombramiento como número tres de Interior, será investigado por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Este órgano ha abierto diligencias para analizar su labor al frente de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, entidad que gestionaba los hospitales de Blanes y Calella y que obtuvo pérdidas millonarias por el uso indebido de fondos públicos, según detectó la Sindicatura de Comptes en el 2006. Las graves irregularidades nunca llegaron a la justicia porque el órgano fiscalizador catalán dio carpetazo su propia auditoría. El Parlament supo de los hechos a través del voto particular del síndico que elaboró el informe, pero no movió un dedo por aclarar un asunto en el que se mezclan pagos sin justificar, sobresueldos, gastos personales a cuenta del erario y cobros indebidos. Un negocio del que se beneficiaron durante un lustro políticos, gestores y médicos.

Xavier Crespo, exalcalde de Lloret de Mar (Selva) y diputado de CiU, en su escaño del Parlament, durante el pleno de la semana pasada. ALBERT BERTRAN

Más información

• Hacienda acorrala a Millet

• Tags: Política

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en la página 22 de la sección de Política de la edición impresa del día 13 de junio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La investigación sobre las actividades de Crespo se inició en agosto del 2005, cuando la Intervenció General de la Generalitat remitió a la Sindicatura un informe en el que se detallaban irregularidades administrativas y contables que «podían dar lugar a la exigencia de responsabilidades» en Centres Mèdics Selva Maresme, filial de la corporación que dirigía el diputado de CiU. Las pesquisas las dirigió el síndico Agustí Colom, cuya labor quedó reflejada en un demoledor informe de 70 páginas, destapado por El País, que denunciaba el uso indebido de al menos 1,3 millones de euros.

ATENCIÓN A TURISTAS / Analizando nóminas, cuentas bancarias, facturas, hojas de contabilidad, movimientos de caja y cheques de la empresa -que se dedicaba a la atención médica a turistas-, los auditores encontraron pagos sin justificar que superaban los 350.000 euros. De esta cantidad, unos 209.000 euros fueron pagados a Crespo, gerente de la compañía del 2000 al 2003, y a su mujer, Guadalupe Oliva, médica. El resto de beneficiarios fueron Carme Aragonès, concejal del PSC en Pineda de Mar y consejera delegada de la firma del 2003 al 2005; Xavier Rius Moya, médico y edil de CiU en Santa Susanna, y otros gestores y médicos que integraban la entidad.

La auditoría consignó que, pese a dejar la empresa en el 2003 tras acceder a la alcaldía de Lloret, Crespo cobró durante dos años un sueldo opaco de hasta 3.000 euros al mes. En total, 52.775 euros. Del 2000 al 2003, la firma gastó 1,02 millones en salarios. Al analizarlos, la Sindicatura halló abonos de mensualidades sin cotizar a la Seguridad Social, pagas extras y dietas indebidas y complementos no previstos, al tiempo que advirtió falta de control en el pago de guardias y servicios médicos. El informe concluye que el 23% de las retribuciones no estaban justificadas.

Pese a la gravedad de los hechos y las pruebas, en octubre del 2006, los síndicos propuestos por CiU, PSC, PPC y ERC se aliaron para archivar la auditoría, escudándose en su «calidad técnica». El escrito no llegó al Parlament, pero sí el voto particular de Colom, síndico propuesto por ICV, que recriminaba a sus compañeros que «obviasen» las ilegalidades. Los ecosocialistas han reclamado que se les facilite el informe Crespo, pero el síndico mayor, Jaume Amat, se ha opuesto alegando que este no fue aprobado y, a efectos jurídicos, no existe.