El Constitucional suspende la ley de acción exterior catalana

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido este miércoles la ley de acción exterior catalana, como le pidió el Gobierno al considerar que esta norma vulnera las competencias que la Constitución atribuye al Estado en política exterior. La suspensión durará cinco meses y luego el alto tribunal tendrá que decidir si prorroga o levanta esta medida, si antes no ha dictado sentencia sobre el conflicto.

La norma recurrida fue aprobada el pasado diciembre y el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy la llevó al Constitucional al considerar que no se ajustan a la Carta Magna los artículos en los que la Generalitat se considera un actor internacional al margen del Estado; los que establecen las relaciones del Ejecutivo catalán con otros gobiernos; los que recogen la representación en el exterior de Catalunya, ni los que diseñan la diplomacia pública en la comunidad autónoma.

LA JUSTIFICACIÓN

El Gobierno presentó su recurso el pasado marzo. La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, justificó entonces esta decisión asegurando que la norma catalana vulneraba la Constitución que regula en exclusiva las competencias del Estado en relaciones internacionales. El pleno del TC adoptó la decisión por unanimidad, ya que la ley le obliga a acordar la suspensión cuando la reclama el Ejecutivo central. En la providencia se da un plazo de quince días al Govern, al Parlament, al Congreso de los Diputados y al Senado para que presenten alegaciones.

La suspensión se alargará durante un plazo de cinco meses. Antes de que se cumpla este periodo, el Constitucional, en el caso de que no dicte sentencia tras analizar el fondo del recurso, deberá dictar una resolución en la que prorrogue o levante la medida. El alto tribunal no tiene plazos para resolver este conflicto.

LAS REACCIONES

El portavoz del Ejecutivo catalán y 'conseller' de Presidència, Francesc Homas, criticó ayer la decisión del Constitucional durante la sesión de control al Govern en el Parlament. En opinión del 'conseller', la norma apelada desarrolla competencias propias de la Generalitat. Homs consideró, además, que el Gobierno del PP comete un error por no querer aceptar que la administración catalana tiene atribuciones en acción exterior.

Por su parte, el diputado de ERC Jordi Solé tildó la decisión del alto tribunal de "enésimo ataque neocentralista", ya que confunde los conceptos de diplomacia tradicional y pública. También recordó que la ley catalana contó con el apoyo del Consell de Garanties Estatutàries. Solé explicó el porqué de la ley: "Estamos ante un Estado que nos empuja a hacer política exterior, porque es un Estado que no representa bien nuestros intereses, que nos hace perder inversiones y que no respeta nuestros derechos democráticos".