El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la comisión del 'procés'

El Tribunal Constitucional (TC) admitió este jueves el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la comisión de estudio del proceso soberanista tras recibir las alegaciones del fiscal y del Parlament. Esta decisión no tiene "efectos jurídicos", ya que no conlleva la suspensión de los trabajos de dicho órgano. El alto tribunal resolverá "en fechas próximas" el fondo de este asunto, según se recoge en una nota de prensa del TC. 

Fuentes jurídicas han informado de que es la primera vez que el pleno del alto tribunal admite en una providencia un incidente de ejecución, ya que lo normal es que se admita cuando se dicta la resolución que resuelve el conflicto planteado.

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El Abogado del Estado recurrió esta comisión por considerar que su creación es "un acto frontal y de desacato" a la sentencia dictada por este tribunal el pasado diciembre, en la que dictaminó la ilegalidad de la declaración de ruptura aprobada por la Cámara catalana.

Por ello, los servicios jurídicos del Estado optaron por pedir al Constitucional que examine la constitución de esta comisión por la vía del incidente de ejecución. En este tipo de trámites no se puede solicitar la suspensión de la norma recurrida como ocurre con los recursos de inconstitucionalidad, en los que el Gobierno puede reclamar la impugnación y el alto tribunal la acuerda automáticamente, como ocurrió el pasado febrero, cuando suspendió las competencias de la Conselleria d'Exteriors.

SUSPENDER A LAS AUTORIDADES

La demanda del Gobierno reclama al TC que declare nulos la creación y los trabajos de esta comisión, y que los magistrados hagan uso de la reciente reforma de la ley del tribunal que le faculta incluso para suspender de funciones a las autoridades que no acaten sus sentencias, o a reclamar la intervención del fiscal si considera que esos funcionarios públicos han desobedecido el mandato de sus sentencias.

El pleno del Tribunal Constitucional acordó pedir alegaciones al fiscal y al Parlament el mismo día en que suspendió las atribuciones de Exteriors. El ministerio público repitió casi los mismos argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado por entender que el proceso constiuyente no tiene cabida en la Constitución.

Por su parte, el Parlament defendió la creación de esta comisión y la desvinculó de la declaración de ruptura. En su escrito explicó que esta comisión es "una iniciativa autonóma e independiente de la resolución y da origen a un nuevo procedimiento parlamentario cuyo resultado está por determinar".

Los jueces iniciaron este jueves el trámite para resolver la demanda del Gobierno, pero tendrán que pronunciarse en una resolución en la que tendrán que establecer si la creación de esta comisión incumple la anulación de la declaración de ruptura.

En este caso pueden exigir que deje de funcionar e ir más allá si atienden las peticiones del Abogado del Estado y del fiscal, que les han instado a que informe a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de dicha comisión de que no pueden actuar, porque si lo hacen significa que no acatan su sentencia.

Fuentes jurídicas han informado de que la resolución de este conflicto puede ser rápida porque no hay más trámites que realizar. Es posible, incluso, que el borrador de la resolución se incluya en el próximo pleno que está fijado en la semana del 15 de marzo. El ponente de la resolución será el magistrado conservador Andrés Ollero, que ya redactó la sentencia que declaró inconstitucional la declaración de ruptura.