Tremosa se queja de Correos en Bruselas por la "censura" en envíos relacionados con el 9-N

La Generalitat negoció con Correos el envío entre el lunes y el viernes de esta semana de un total de 5 millones de cartas cerradas que la sociedad estatal reconoció no poder asumir "por motivos técnicos". Esas cartas estaban relacionadas con el proceso participativo del 9-N. Fuentes de la empresa pública reconocen que el incremento de carga de trabajo (Correos distribuye unos 3,5 millones de cartas al día) hubiese supuesto un problema logístico e incluso la contratación de personal temporal por una operación con un coste aproximado algo superior a los 200.000 euros. En otros envíos de impresos sin dirección de Girona y Platja d'Aro, Correos también prefirió desestimar el encargo por motivos legales, ya que en ese caso era patente su relación con la consulta soberanista. El eurodiputado de CiU Ramon Tremosa ha presentado una pregunta este jueves ante la Comisión Europea contra Correos, por considerar que la "censura" de la empresa pública con envíos relacionados con el 9-N supone una "violación de la directiva postal de la UE".

"Era imposible poder llevar a cabo ese encargo, tanto por razones operativas derivadas de los plazos de entrega solicitados, como por la imposibilidad de adaptar la capacidad de distribución y preparación de los envíos, sin perturbar de forma grave el servicio postal, y así se le transmitió a la Generalitat", explican en Correos. Aunque el envío de cartas cerradas no presupone conocer su contenido, lo cierto es que los responsables de la compañía postal debieron suponer que se relacionaba con el 9-N por lo que también prefirieron evitar el compromiso. Aunque no existían directrices concretas todavía por parte de la dirección de Madrid, el encargo de la Generalitat amenazaba con convertirse en problema. La negativa técnica llevó a la Generalitat a contratar los servicios de la empresa privada Unipost.

PRODUCTOS SIN DIRECCIÓN

Lo que podía haber quedado entre las dos partes se destapó este miércoles al conocerse que otros dos encargos concretos por parte del Ayuntamiento de Girona y otro en Platja d'Aro fueron rechazados, esta vez de manera explícita por Correos. Se trataba en ese caso de lo que se conoce técnicamente como 'producto impreso sin dirección', de precio más bajo que la carta, no prioritario en el servicio, que requiere antelación para la planificación y en el que el contenido está a la vista. En este caso, en el impreso auspiciado por el alcalde de Girona, Carles Puigdemont, instaba a participar en el proceso participativo del 9-N. En principio, el encargo 'se coló' en las oficinas de Correos pero al comprobarse el contenido se realizaron consultas con la dirección, de acuerdo con notas internas de procedimiento marcadas para los funcionarios. El resultado fue que por motivos estrictamente legales era necesario elevar una consulta jurídica para evaluar la legalidad del envío, en lo que fuentes de Correos consideran "un protocolo legal lógico".

MARCO LEGAL

Ante el trámite, los remitentes recibieron la información de que el proceso de consulta podría poner en peligro el cumplimiento del contrato en plazos de entrega, por lo que se propuso la devolución del dinero (unos 1.500 envíos cuestan unos 90 euros). La dirección de Correos considera que la decisión del Tribunal del Constitucional sobre el 9-N confirma las tesis por las que no pueden circular envíos relacionados con el 9-N en empresas públicas, por lo que de haberse tramitado los encargos del Ayuntamiento de Girona y de Platja d'Aro "podrían haberse producido denuncias y haberse detenido los envíos en detrimento de los clientes y de la imagen de la empresa postal".

Puigdemont, en declaraciones a TV3, consideró que la gestión de Correos "vulnera derechos fundamentales e incluso podría ser un abuso de poder [del servicio postal público] que tiene la responsabilidad de garantizar que las cartas llegan a sus destinatarios, independientemente de lo que contengan y más si vienen de unas institución pública, como es el Ayuntamiento de Girona".