El órdago por el Estado propio

La UE trata de enfriar el independentismo tras la Via Catalana

El comisario Joaquín Almunia, ayer, durante su conferencia en BCN.

El comisario Joaquín Almunia, ayer, durante su conferencia en BCN.

ELISEO OLIVERAS
BRUSELAS

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Después del multitudinario éxito de la Via Catalana, la cadena humana catalana a favor del derecho a decidir y la independencia, la Comisión Europea volvió ayer a tratar de enfriar los ánimos independentistas de los catalanes avisando de nuevo de que una Catalunya independiente quedaría «automáticamente excluida y fuera de la Unión Europea (UE)».

Primero fue el comisario de Competencia, el socialista Joaquín Almunia, en Barcelona; después, la portavoz del Ejecutivo comunitario en Bruselas. Pero el mensaje fue el mismo: «La región que se independice de un Estado miembro de la UE deja de ser parte de la UE desde el mismo día de la independencia». «El nuevo Estado independiente debería solicitar la adhesión a la UE», cuya aprobación requiere el voto unánime de los demás miembros, tal como recordó la portavoz comunitaria.

NINGÚN ARTÍCULO EN EL TRATADO / Este principio general, que la Comisión Europea repite desde hace meses, se basa en una interpretación jurídica restrictiva del derecho internacional y de las convenciones de Viena, porque en los tratados de la UE no hay ninguna artículo o disposición concreta sobre qué hacer ante una eventual secesión de una región de un Estado miembro, ni tampoco se excluye la posibilidad de una ampliación interna mediante la división de un Estado miembro. Simplemente no se menciona, como no se mencionan, por ejemplo, el fondo de rescate europeo ni la unión bancaria, que se han creado por decisión meramente política.

La interpretación de la Comisión Europea, totalmente en línea con el Gobierno español, parte del principio de que el Estado del que se independiza una región sigue siendo el mismo Estado que ingresó en su día en la UE, aunque haya perdido una parte importante de su territorio y de su población.

En ese Estado recortado, según resaltó la portavoz comunitaria, siguen residiendo todos los derechos de pertenencia a la UE, mientras que la región independizada los pierde todos automáticamente. «Desde el momento de la independencia no se aplicarían los tratados de la UE en ese territorio», precisó la portavoz comunitaria.

La Comisión Europea no acepta que las dos entidades resultantes de la independencia de una región sean las sucesoras del antiguo Estado unificado, con el mismo derecho a seguir siendo miembros de la UE.

La Comisión Europea también argumenta que los derechos de ciudadanía europea que tienen los ciudadanos de una región no son derechos adquiridos per se como europeos ya miembros de la UE, sino que solo les corresponden por delegación en tanto que ciudadanos de un Estado miembro y que si esa región se independiza sus ciudadanos dejan de ser también automáticamente ciudadanos europeos.

La Comisión Europea insistió en que estos son los principios generales, que «no prejuzgan una situación hipotética en un Estado concreto». El Ejecutivo comunitario solo emitirá un dictamen jurídico detallado a petición de un Estado miembro ante una situación real concreta , recalcó la portavoz, que rechazó comentar la situación política interna española y catalana.

PREOCUPACIÓN EN EUROPA / Almunia, por el contrario, sí afirmó que la UE «sigue el proceso abierto en Catalunya con preocupación», aunque no quiere verse involucrada. El comisario instó al Gobierno español y al catalán a resolver el conflicto a través del diálogo político «en una mesa cara a cara y con la cabeza fría», en lugar de por carta. Almunia reiteró que es contrario a la independencia de Catalunya y estimó que «no es una buena hipótesis».

El Govern de CiU se aferró de nuevo a la falta de precedente legal. El conseller de Presidència, Francesc Homs, se mostró desafiante: «Que me digan en qué artículo sale ese automatismo [por el que Catalunya se quedaría fuera de la UE]. No existe, ni en un sentido ni en otro» en la legislación comunitaria. Homs se aferró además a la idea de que si hay una mayoría sólida a favor, «se tendrá que atender». CDC fue más allá y vinculó las palabras de Almunia a un cambio de criterio forzado por las presiones del Gobierno español.

Todos estos argumentos chocaron con un tuit del líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, afirmando que, «guste o no», hay que asumir la posición defendida por la UE. «Es el marco que marcan los tratados, me gusten o no», señaló.