SEÍSMO EN LA JUSTICIA

Torres-Dulce planta al Gobierno

El dimitido Eudardo Torres-Dulce, ayer, a la salida del Consejo de Estado.

El dimitido Eudardo Torres-Dulce, ayer, a la salida del Consejo de Estado.

J. G. ALBALAT
BARCELONA

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Tensión y desencuentros en su propia casa, la fiscalía, por el 9-N y fuera, con el Gobierno de Mariano Rajoy por defender la independencia de la institución que hasta ahora ha dirigido. Cansancio, desgaste y portazo tras cumplir el miércoles con uno de sus objetivos: reforzar la lucha contra la corrupción con el aumento de la plantilla especializada en estos casos. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, renunció ayer al cargo que ha ejercido durante tres años marcados por las malas relaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Torres-Dulce asegura que renuncia a su puesto «por razones personales», pero, según sus allegados, han hecho mella en él «las discrepancias» mantenidas con el Ejecutivo del PP por temas especialmente espinosos políticamente, como el proceso participativo del 9-N, en el que el Gobierno pretendía más rapidez y contundencia, las acciones dirigidas contra la trama Gürtel, que implica a los populares, del mismo modo que  el proceso abierto por los llamados papeles de Bárcenas. Algunas fuentes califican de «presión» la actuación ejercida por diferentes miembros del Ejecutivo.

LA INDEPENDENCIA / Desde distintos  ámbitos de la judicatura se apuntaba ayer que en el trasfondo de la dimisión está la falta de sintonía con el Ejecutivo, que se ha evidenciado de forma pública durante las últimas semanas. «No toleraré nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer, porque sería un delito», llegó a afirmar. Y agregó: «Si tengo que sostener una posición contraria al Gobierno la sostengo».

Torres-Dulce, que comunicó su decisión de renunciar al cargo al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ayer se encontraba en Barcelona, ya estaba «cansado» tras la erosión que le ha supuesto luchar durante su mandato por defender la independencia de la fiscalía. Ahora, según comunicó ayer, regresará a su plaza en la Fiscalía del Tribunal Constitucional. «No le compensa continuar con esta tensión», reconoció una fuente de la fiscalía. Lo cierto es que el fiscal general no podía ser destituido por el Gobierno y le quedaba un año de mandato

El momento elegido no ha sido casual, según las mismas fuentes. Personas cercanas a él señalan que se va ahora que se ha recuperado la normalidad en el seno de la fiscalía, tras la turbulencias internas surgidas con sus subalternos de Catalu-nya por la querella que, al final, se ha presentado contra el presidente de la Generalitat por el 9-N. El fiscal general cesante, además, considera que la situación se «ha encauzado» y que los principales procesos que han pasado por sus manos, como el que se ha instruido en Palma contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, están llegando a su final. Con la trama de corrupción de la Gürtel o con los papeles de Bárcenas todavía deberá luchar su sustituto.

Cabe recordar que días después de que la fiscalía presentase la querella contra el presidente de la Generalitat por el 9-N, Torres-Dulce respondió contundente cuando le reprocharon haber actuado en nombre del Gobierno. «No se me puede decir que sea un fiscal proclive al Gobierno cuando investigo a Bárcenas y le solicito prisión», subrayó.

En el entorno del Ejecutivo se señala como posible sustituta a Pilar Fernández Valcárcel. La fiscala del Tribunal Supremo, es la mejor situada. De conseguirlo, sería la primera mujer en ocupar este cargo. Sin embargo, en los últimos meses han saltado a la palestra otros nombres, como el presidente de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, o jueces del Tribunal Supremo procedentes de la carrera fiscal, como Antonio del Moral o Miguel Colmenero.

EL CALENDARIO / El nombre del candidato se confirmará hoy, cuando el Consejo de Ministros apruebe la propuesta que presente el ministro de Justicia. El elegido debe pasar el filtro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha reservado el próximo 22 de diciembre para celebrar el pleno que examinará la idoneidad del aspirante. El Congreso ha fijado la comparecencia del nuevo fiscal general para el 8 de enero.