Torres-Dulce niega "presiones" para ordenar la querella de 9-N
Eduardo Torres-Dulce saluda a Alfred Bosch, ayer, en el Congreso.
Por qué confiar en El Periódico Si el martes fue Mariano Rajoy el que negó haber dado instrucciones a la fiscalía para que interpusiese una querella contra el president, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y a consellera de Educación, Irene Rigau, ayer fue el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el que negó haber recibido órdenes a la hora de instar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a que investigue si detrás del proceso participativo del 9-N hay algún tipo de delito. «Nadie me ha presionado [...] He adoptado una decisión autónoma y atendiendo al criterio de legalidad», aseguró en el Congreso en una comparecencia destinada en un principio a presentar la memoria del ministerio público del 2013.
Torres-Dulce se revolvió incluso ante la posibilidad de que todos los partidos, excepto el PP, le invitasen a aclarar si se ha visto influido por el gabinete de Rajoy o el PP antes y después del 9-N. «Me ofende que piensen» que el Gobierno «me podía» instar a presentar una querella, subrayó. «No he tolerado nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer porque es delito», añadió, tras recordar que el Ejecutivo está facultado para dar instrucciones genéricas la ministerio público, pero no ante un suceso en concreto.
LA FISCALÍA DEL TSJC
Para apuntalar su autonomía, recordó varias de las decisiones fiscales contrarias a los intereses del Ejecutivo, como la acusación ejercida ante el caso Bárcenas. El máximo representante del ministerio público defendió, al mismo tiempo, la ausencia de «presiones» con la que analizó el 9-N la fiscalía del TSJC. «No montaron un motín ni son rebeldes», aseguró en referencia a su oposición a que se presentara la querella. «Ellos expresaron libremente su opinión jurídica», señaló, de aquí que no haya «nada que reprochar» al fiscal jefe de Catalunya, José María Romero de Tejada.
Por lo demás, Torres-Dulce se negó a realizar cualquier valoración política de su decisión, salvo precisar que «en modo alguno» ha querido «criminalizar» la situación en Catalunya. Frente a ello, CiU, ERC, PNV e ICV tildaron de «error» llevar un «conflicto político» a la vía penal.
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