consenso

Todos los partidos vascofranceses reclaman a su Gobierno un diálogo con ETA

Los mediadores internacionales han propiciado la firma de un documento que aboga por un acuerdo entre París y el grupo terrorista para la entrega de las armas

AITOR UBARRETXENA / SAN SEBASTIÁN

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Representantes de todos los partidos políticos del país vascofrancés han reclamado la implicación del Gobierno galo en el proceso abierto tras el cese de la actividad armada por parte de ETA. Los mediadores internacionales, encabezados por el surafricano Brian Currin, han propiciado la firma de un documento al que se han adherido miembros de la totalidad del arco político francés, desde la izquierda aberzale a la UMP.

En el texto se detalla que, en un primer momento y con el fin de facilitar su desarrollo, este diálogo debería llevarse a cabo de manera confidencial. Pero que una vez se constatasen avances significativos, podría hacerse público. También se recogen algunas de las cuestiones que podrían tratarse en esos diálogos bilaterales y que respetarían el marco jurídico actual y los Derechos Humanos, como serían el acercamiento de los presos, la puesta en libertad de los presos enfermos y los beneficios penitenciarios.

Respecto a la entrega de las armas, los firmantes del documento abogan por un acuerdo entre París y ETA, "bajo control internacional, para definir y poner en práctica las condiciones y los procedimientos de desarme y desmantelamiento de las infraestructuras de ETA en Francia".

Entre los firmantes del acuerdo, hecho público este viernes en Baiona, se encuentran Jean-René Etchegaray, alcalde de Baiona (miembro del partido centrista), Kotte Ecenarro, alcalde de Hendaia y vicepresidente del Consejo General de Pirineos Atlánticos (partido socialista), Max Brisson, concejal en el Ayuntamiento de Biarritz y secretario departamental de la UMP; Frédérique Espagnac, senadora socialista,  Jean-Jacques Lasserre: senador y presidente del Consejo de Electos del País Vasco (partido centrista) y Xabi Larralde, responsable de Sortu en el país vascofrancés, entre otros.

En el texto también se propone la suspensión de los procedimientos jurídicos y policiales contra los miembros de ETA y la elaboración "en último término" de una ley de amnistía "para los asuntos ligados al conflicto vasco”, medidas que necesitarían un consenso político y un nuevo marco jurídico.