Abandono, incomprensión, injusticia e impotencia son los sentimientos compartidos por las víctimas del franquismo. Cuatro de ellas lamentaron ayer en el Tribunal Supremo, ante los magistrados que juzgan a Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la dictadura, que la justicia, el Estado o las administraciones no les hayan echado una mano para encontrar a sus familiares. «Hemos estado olvidados toda la vida», clamó Olga Alcega.

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en la página 20 de la sección de Política de la edición impresa del día 07 de febrero de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Esta testigo, nieta de un fusilado durante la guerra civil, criticó que «todo el mundo ha mirado a otro lado» y denunció que cuando aparecen restos humanos mientras se realiza una obra se paralizan los trabajos, excepto cuando se sabe que los cuerpos pertenecen a desaparecidos en la contienda o en el franquismo.

Alcega, que pertenece a la Asociación de Familiares y Desaparecidos de Navarra, decidió acudir a la justicia para saber «quién y por qué» hizo desaparecer a su familiar, que era un simple cartero al que se llevó la Guardia Civil el 2 de septiembre de 1936. «Le dieron una paliza que le dejó muy malherido y después recibió un tiro en la cabeza», añadió.

Certificados de defunción

Y explicó su motivación para acudir a la Audiencia Nacional: «Quiero que mi abuelo quede limpio», porque, añadió, hay documentos que decían que era «peligroso porque pensaba diferente». Alcega también comentó que las víctimas han sido «generosísimas» porque siguieron conviviendo en paz «pese a que sabían que el verdugo era el vecino».

Rafael Espino, familiar de siete desaparecidos, explicó a los jueces que no denunció estos hechos hasta el 2008 por razones «obvias». «No nos dejaban escribir sus certificados de defunción, ¿cómo íbamos a ir a la justicia», se preguntó. Manuel Perona, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Catalunya, relató que fueron casi los primeros en acudir a la Audiencia para averiguar el destino de ocho desaparecidos. Con el tiempo, descubrieron que casi 1.900 personas están en paradero desconocido. También confirmó que no han recibido ninguna ayuda del Gobierno español, pero sí una subvención de la Generalitat.

El último en declarar fue Pedro Fausto Canales. Sospecha que su padre fue exhumado ilegalmente en 1959 para ser trasladado al Valle de los Caídos, a la tumba número 178. Este testigo pidió en el Supremo que la justicia investigue «por qué desaparecieron unas personas que no tenían cargos, ni delitos y que fueron arrancadas de sus familias». Hoy el tribunal escuchará a los últimos tres testigos.