Falta menos de una semana para que el Gobierno examine y apruebe junto a las comunidades los planes de ajuste que especifican cómo van a conseguir las autonomías cerrar este año 2012 con solo un déficit del 1,5% del PIB. En esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará el jueves 17 en Madrid, se estrenará un punto de la ley de estabilidad presupuestaria que puede convertir el encuentro entre los consejeros económicos de las comunidades en un verdadero guirigay, sobre todo, si se tiene en cuenta el debate protagonizado esta semana por el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, y el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, sobre en qué infraestructuras vale la pena invertir y en cuáles no.

Artur Mas conversa con la 'consellera' de Ensenyament, Irene Rigau, en el Palau de la Generalitat. JOAN CORTADELLAS

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Información publicada en la página 18 de la sección de Política de la edición impresa del día 11 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Según la nueva norma, en esa cita del CPFF no solo se pondrán sobre la mesa los planes de ajuste que tendrán luz verde, como ocurría antes, sino que se analizará cada uno de ellos y se propiciará un debate entre los 17 consejeros autonómicos y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el que todos podrán comentar y aconsejar al resto sobre dónde recortar. Además, esos planes se harán públicos.

Ese examen de cada autonomía ante las otras 16 y el Gobierno pondrá de manifiesto las diferentes maneras de entender el estado autonómico y -en estos momentos en los que el PP gobierna en la mayoría de ellas- puede suponer un mal trago para algunas como Catalunya, cuyo conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, podría volver a escuchar lo que dijo Monago hace dos días: si quiere cuadrar sus cuentas, la Generalitat podría privatizar alguna televisión autonómica, cerrar las oficinas comerciales en el exterior o clausurar el aeropuerto de Lleida.

DOS SEMANAS DE MARGEN / En un principio, el Govern de la Generalitat ha hecho su plan de recortes contando entre sus ingresos con los 211 millones de la disposición adicional tercera del Estatut que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya le ha asegurado que no le va a entregar con el argumento -discutible esta semana a tenor del caso Bankia- de que no hay dinero. Si el plan, por este motivo o por otro, no permitiera garantizar que Catalunya cerrará el 2012 con un 1,5% de déficit, Hacienda pediría a la Generalitat que presentara una nueva propuesta y en 14 días se volvería a reunir el CPFF para aprobar sus cuentas (y las de las comunidades que estén en la misma situación).

En el caso de que, pasado ese tiempo, el Gobierno tampoco estuviera convencido con los nuevos ajustes, se pondrían en marcha las sanciones de la ley de estabilidad presupuestaria, que llegan incluso hasta la intervención de la comunidad.

El secretario de Estado Administraciones Públicas, Antonio Beteta, explicó ayer que estos días los técnicos del Ministerio de Hacienda están analizando las propuestas de las comunidades e «intercambiando papeles» para llegar a la reunión del CPFF con trabajo hecho, pero aseguró que no será hasta ese día cuando oficialmente se rechazará, si fuera el caso, alguna de ellas, después de someterlas al debate general.

CITAS DE MEDIA HORA / Mientras, en Barcelona, con disciplina germánica, todos los consellers del Govern han ido pasando estos dos últimos días por el despacho que el president Artur Mas tiene en el Parlament. Citas de una media hora (28 minutos en el caso de la titular de Ensenyament, por ejemplo) tras las cuales los miembros del Consell Executiu han salido con la preocupación escrita en el rostro. No es para menos: Mas les comunicó uno a uno el recorte que deben aplicar en su área para sumar entre todos más de 1.500 millones de euros. Esta es la cantidad del tercer tijeretazo del Govern.

El grueso del ajuste afectará a educación y sanidad. Se tratará de unos recortes que incluirán, muy probablemente, tanto una (nueva) reducción del gasto como nuevos ingresos a través de tasas o tributos. En algún caso, Mas ha dejado manos libres al titular del departamento para que decida dónde aplica la tijera.

«Tenemos poco margen de maniobra, tendremos que hacer ingeniería financiera», admitió un miembro del Govern tras hablar con el president. En el caso de Salut, fuentes del departamento recuerdan el compromiso que adquirió el conseller, Boi Ruiz, de no recortar más ni en personal ni en asistencia.

Lo que esta ronda de contactos ha puesto de manifiesto, según algunos de sus participantes, es que la situación de las finanzas de la Generalitat está al límite.