«Toda la maquinaria» del Gobierno frente a la declaración de ruptura

JUAN RUIZ SIERRA / MADRID

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El Gobierno quiere que pase el menor tiempo posible entre la aprobación por parte del Parlament de la resolución de ruptura con España, pactada por Junts pel Sí y la CUP, y su suspensión posterior por parte del Tribunal Constitucional (TC). En cuanto la Cámara catalana apruebe el próximo lunes por la mañana el texto secesionista, que plantea el «inicio de la creación del Estado catalán independiente en forma de república» y que el «proceso de desconexión democrática no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado», el Ejecutivo activará «toda la maquinaria» de la que dispone, ha señalado este viernes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, para que el documento no tenga «ningún efecto».

Todo irá muy rápido. Nada más votar los parlamentarios catalanes el texto, el Gobierno reclamará al Consejo de Estado el informe preceptivo; justo después, reunirá al Consejo de Ministros para interponer el recurso ante el Constitucional, en el que solicitará, como paso previo a la sentencia del tribunal, que la declaración quede suspendida. «A partir de ahí, la Generalitat o cualquier otra institución de Catalunya no pueden realizar ninguna actuación contraria a esa suspensión», ha explicado la vicepresidenta.

CUMPLIMIENTO O DESACATO

«Que a nadie le quepa ninguna duda -ha insistido Sáenz de Santamaría-. El texto no tendrá ninguno de sus efectos». Entre las medidas que plantea la resolución independentista, que ha sido ampliada por Junts pel Sí y la CUP a través de un anexo en el que ambos se comprometen a acatar solo lo que provenga del Parlament, se encuentra el que las instituciones catalanas no tengan que cumplir, precisamente, con los mandatos del Constitucional, que el pasado jueves decidió permitir el pleno en el que se debatirá la resolución independentista, con el argumento de que esta no había sido aún aprobada.

La polémica reforma del alto tribunal que el PP aprobó en solitario el pasado septiembre para hacer frente al pulso independentista permite la suspensión de los funcionarios y gobernantes que no cumplan con sus sentencias y resoluciones. Pero la número dos del Gobierno no ha querido avanzar ninguna iniciativa.

«Se actuará con proporcionalidad y prudencia, pero también con firmeza y determinación. Hay varias posibilidades. Una vez declarada nula la resolución, es como si nunca hubiera existido. No puede desplegar ninguno de sus efectos. Si alguien en Catalunya lo intentara, hay mecanismos variados. Dependerá de cómo y cuándo se produzca», ha dicho Santamaría, que se ha detenido en un precedente similar: la declaración aprobada por el Parlament a inicios del 2013, que reclamaba una consulta y declaraba a Catalunya un «sujeto político y jurídico soberano». Fue inmediatamente suspendida a solicitud del Gobierno y más de un año después anulada por el TC.

UNA ADVERTENCIA CONCRETA

Lo que sí ha hecho la número dos del Ejecutivo ha sido señalar por vez primera a un alto cargo catalán concreto como principal responsable de una hipotética desobediencia al futuro mandato del Constitucional. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha advertido Santamaría, debe sentirse concernida «sin ninguna duda».

La vicepresidenta, por último, ha dicho que el Ejecutivo se encuentra «arropado por fuerzas políticas e instituciones». Entre ellos, el PSOE. Su líder, Pedro Sánchez, ha anunciado que apoyaría el recurso al TC porque la declaración de ruptura «vulnera los derechos y libertades de los catalanes» y plantea «romper con el orden constitucional». Pero también ha reclamado «una solución política para un conflicto político», que a su juicio debería pasar por una reforma de la Carta Magna en sentido federal.

Mariano Rajoy, mientras tanto, se detuvo en los sentimientos durante un acto de entrega de la bandera de España a la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid. «Existen muchas formas de sentirse español y todas se basan en el respeto a la ley», ha dicho el presidente del Gobierno, informa Patricia Martín.

Tras varios meses, años incluso, siendo acusado de mirar hacia otro lado en el conflicto catalán, el paso dado por el líder del PP para encabezar el frente antisecesionista ha insuflado ánimos en su partido, muy deprimido por los sucesivos toques de atención en las urnas. La cerrada defensa de la unidad de España les puede beneficiar en las generales del 20-D, sostienen los conservadores, pero también admiten que es un arma de doble filo. «Si Rajoy se pasa de frenada o se queda corto, se nos puede venir en contra», señala un dirigente.