Choque entre los socios del Govern por la organización del referéndum

El contenido de esta crónica posiblemente será desmentido oficialmente por parte de los portavoces y dirigentes del Govern. Y es que, según fuentes del propio Consell Executiu, cunde una seria y creciente preocupación en el equipo de Carles Puigdemont respecto a la viabilidad real de llevar a cabo el referéndum prometido sobre la independencia de Catalunya. Una preocupación que se asemeja mucho a la sensación de estar atrapados, y que está generando ya encontronazos entre los dos socios del Govern.

Choques como la desautorización de la portavoz Neus Munté a la republicana Marta RoviraNeus MuntéMarta Rovira, este martes, por sugerir que se recurra a ciudadanos en paro para organizar la consulta. O la petición de "lealtad" de Puigdemont a sus 'consellers', este martes, en la cita semanal del Ejecutivo, según fuentes conocedoras del encuentro. Unas tensiones que han desembocado en la convocatoria por parte del presidente de la Generalitat de una reunión de los socios de Junts pel Sí y la CUP, a la que también ha acudido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. 

Tras las últimas fisuras, es especialmente significativa la escenificación de un cierre de filas en un encuentro para coordinar estrategias al que fueron convocados, además del vicepresidente, Oriol Junqueras; Rovira, secretaria general de ERC, unas horas antes desautorizada por el Govern; el presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull; el 'conseller' de Exteriors, Raül Romeva, y tres parlamentarios de la CUP. Aun así, fuentes presentes en la cita la enmarcaron en las reuniones de trabajo ordinarias y afirmaron que se repasaron distintos asuntos del 'procés', sin entrar en polémicas. 

La última interlocutoria del Tribunal ConstitucionalTribunal Constitucional (TC) -ejecutor nuevamente de las acciones contundentes del Gobierno central contra la consulta- ha dejado en la Generalitat una sensación inequívoca: el margen para hacer el referéndum se estrecha. Se trata de un aviso explícito no solo al 'president' y a sus 'consellers', sino también a cargos inferiores, como la interventora general o los directores generales de presupuestos. Altos cargos, sí, pero que se juegan penas de cárcel de un mínimo de dos años, así como una inhabilitación permanente si siguen adelante con los planes del referéndum. Es decir, si llevan a cabo cualquier acción presupuestaria para sacar adelante el proyecto soberanista.

DECISIONES COLEGIADAS

La preocupación es un estado de ánimo que se expresa en privado. La tesis oficial, en público, es la que manifestó el pasado lunes el 'president' (no sin dar la impresión de que todo está todavía por concretar) cuando dijo en Catalunya Ràdio que se "hallará la manera" de driblar al Constitucional. O la de este martes, cuando Munté ha cerrado filas prometiendo que se irán "sorteando" las dificultades, y que en el Govern están cada vez "más preparados" de forma "conjunta, solidaria y unitaria".

En todo caso, los recelos entre el PDECat y ERC existen. Puigdemont recordó el lunes en la entrevista que es Junqueras el encargado de llevar a cabo el referéndum. Y el fin de semana, el vicepresidente del Govern reclamó, en un acto de partido, que a partir de ahora todo se haga colegiadamente y que la sociedad se movilice para dar fuerza a un proceso hacia el referéndum cargado de interrogantes. Fuentes conocedoras de los entresijos jurídicos y legales del proceso soberanista admiten que "el perímetro se estrecha". "Estamos atrapados todos, los de un lado y los de otro", admite también un diputado soberanista.

¿OTRO 9-N?

Así las cosas, cobra fuerza la hipótesis de algo así como una "subcontratación" del referéndum. Es decir, que, como en parte sucedió en el 9-N del 2014, el Govern delegue en entidades y asociaciones parte del operativo final para poder poner las urnas y abrir colegios -o centros sociales, 'casals', etc- y no sufrir el golpe de una inhabilitación política o de una intervención del Estado contra estos movimientos. Ahí encajaría en parte la voluntad de Rovira de contratar a ciudadanos en paro para coordinar las mesas de votación, por ejemplo.

Lo único que diferenciaría entonces este referéndum del de tres años atrás sería que esta vez sí se aplicaría el resultado, según Puigdemont. Pero para ello es necesario lo que el 'president' define, sin cifras, como una "mayoría muy clara" de participantes. ¿Más del 50%? La convención de Viena no recomienda fijar una cifra mínima, para evitar un boicot de los contrarios a la consulta. Pero lo cierto es que para dar fuerza al resultado, es decir, para que no suceda de nuevo que participen solo mayoritariamente los independentistas, la participación debería subir mucho más respecto al 9-N del 2014.

LOS PREPARATIVOS

Pero volviendo al núcleo del problema, lo cierto es que en el Govern no falta quien se pregunta si realmente Junqueras está preparando a fondo la consulta. Mientras, ERC también recela de las auténticas intenciones del PDECat. Por poner un ejemplo, debería estar en marcha o previsto el envío de la tarjeta censal a todos los catalanes. O la contratación de urnas.

Fuentes conocedoras del anterior proceso, el del 9-N, se preguntan realmente si con tan poca antelación -sobre todo si el referéndum se convoca antes de las vacaciones de verano- ha dado tiempo a preparar algo que, según reconoció la 'exconsellera' Joana Ortega en el juicio del 9-N, ocupó un año y medio de trabajo en el Consell Executiu que presidió Artur Mas.

Dicho todo lo cual, el concepto "atrapados" para definir al Govern incluye también una conclusión: llegados al punto actual de calentamiento del choque soberanista con el Estado, nadie puede dar un paso atrás, a riesgo de ser considerado, como mínimo, un traidor a la causa. La CUP sigue día a día en el cogote del Govern. Y quien se atrevió a dudar de la celebración de la consulta, la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, recibió una sonora salva de críticas internas y externas.

EL COSTE DE LA DESOBEDIENCIA

El coste de seguir adelante con el choque frontal pueden ser, entonces, las inhabilitaciones de cargos del Govern -como ha sucedido con Mas, Ortega, Irene Rigau Irene Rigau y Francesc Homs por el 9-N- pero el mismo Govern ha de explicar todavía cómo puede garantizar que los altos cargos y funcionarios queden protegidos. La única salida sería, según fuentes consultadas, que estos funcionarios se negasen a tomar determinadas decisiones con un texto similar al de los letrados del Parlament.

Sobre todo lo referente a los preparativos, Munté ha decretado este martes el silencio total. Una de las soluciones al sudoku podría pasar por una ruptura PDECat-ERC, sobre todo tras la desautorización a Rovira. Así, la presión existente entre los miembros del Govern, los recelos internos, la presión externa y la dura actitud del Gobierno del PP dispuesto a que no se celebre de ningún modo la consulta, pueden llevar a una situación que tenga un desenlace bastante antes del mes de septiembre, que es la fecha límite. Públicamente, todo sigue en pie. Según Munté, el Govern mantiene "el compromiso" y la "voluntad" para hacer posible la consuta. Puertas adentro, la sensación de callejón sin salida cada día es más evidente.