El Supremo investiga el papel de Chaves y Griñán en los ERE

El  tsunami judicial de los ERE que tanto temía el PSOE ha acabado llegando al interior del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. El Tribunal Supremo anunció ayer que abrirá causa contra los expresidentes autonómicos Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2012), al considerar que, «en una valoración muy provisional», los hechos señalados por la jueza instructora Mercedes Alaya «pudieran ser delictivos» y tipificados de forma inicial como prevaricación y malversación de fondos.

La Sala Segunda del alto tribunal considera «imprescindible» continuar la investigación sobre ellos. La decisión afecta también a dos exconsejeros autonómicos que actualmente tienen escaño en el Senado,  José Antonio Viera y Mar Moreno, y a otro que hoy es diputado, Gaspar Zarrías. Y avala la tesis sostenida por la jueza de que la cúpula del Ejecutivo regional implantó un sistema irregular que permitió «disponer de importantes cantidades de dinero ascendentes a 855 millones de euros» sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, que era como debieron tramitarse dichas ayudas.

De esta forma, y dada la «absoluta discrecionalidad» del procedimiento diseñado, el destino de esas importantes cantidades de dinero «se orientó mayoritariamente hacia personas y empresas próximas a los sindicatos, a cargos de la Junta o del PSOE andaluz», recoge el Supremo.

En su auto, el tribunal nombra un instructor, Alberto Jorge Barreiro, que será quien investigue y determine si «existen indicios consistentes, o principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas» para citarles a declarar como imputados.

"LIMBO JURÍDICO"

La admisión de la causa no supone la imputación inmediata, como recalcó ayer la dirección del PSOE, que subrayó que «se abre la puerta a que por fin se pueda esclarecer este asunto». Desde que fueron señalados por Alaya, los expresidentes se sintieron «indefensos» y en un «limbo jurídico», y expresaron su disposición, reiterada ayer, a declarar voluntariamente.

Durante todo este tiempo han defendido su inocencia. Eso sí, pasaron de limitar la responsabilidad del escándalo a «tres o cuatro golfos» a reconocer que «pudo haber más controles» aunque «no se tomaron decisiones ilegales» ni hubo «menoscabo de fondos públicos. «Será una losa que tendré que soportar durante muchos años que algún colaborador mío haya defraudado dinero público», apostilló un entonces «avergonzado» Manuel Chaves.

El Supremo sin embargo sí ve implicación de su «especial responsabilidad política», ya que en función de sus cargos participaron en la decisión de crear y mantener el sistema irregular que amparó el fraude. E incluso, como en el caso de Viera, pudo tomar parte «en la ejecución de actuaciones concretas de la aplicación» de este sistema, en alusión a su mediación para dar millones en ayudas a empresarios afines.

Fuentes socialistas reconocieron que el proceso que se inicia ahora «puede ser un calvario», dado que entre que el juez les tome declaración y decida abrir juicio oral o eximirles puede pasar un año. No obstante, se mostraban confiadas en que, concluida esa larga travesía por el desierto, serán absueltos.