CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA

La sucesora de Alaya decide dividir en tres bloques el caso de los ERE

La jueza sigue así el criterio de la Fiscalía y el Supremo para agilizar la causa y mantiene el pulso con su antecesora

La jueza instructora del 'caso ERE', María de los Ángeles Núñez Bolaños.

La jueza instructora del 'caso ERE', María de los Ángeles Núñez Bolaños. / ol

JULIA CAMACHO / SEVILLA

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La nueva titular del juzgado de instrucción 6 de SevillaMaría Núñez Bolaños, ha dado este jueves un giro al caso de los ERE fraudulentos al aceptar la división en piezas separadas de la causa, una decisión solicitada en reiteradas ocasiones por Fiscalía Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que siempre encontró la oposición de su antecesora, Mercedes Alaya. En un auto dictado este jueves, Nuñez Bolaños justifica su decisión en que "es innegable que la división contribuiría decisivamente a la agilización de la causa", dado que la investigación de algunas de las subtramas del caso está prácticamente finalizada y podrían juzgarse casi de inmediato. Tras esta división, y ante la posibilidad de perder la instrucción, la jueza Alaya -que mantiene una tensa relación con su sucesora- podría replantearse si acepta la comisión de servicio o se marcha a su nuevo puesto en la Audiencia Provincial de Sevilla.

Según establece en un auto la jueza titular, la causa queda dividida en tres bloques: uno, relativo al procedimiento específico implantado en la Junta de Andalucía para la concesión de ayudas de forma discrecional y sin fiscalización, la parte más política del caso; otro bloque centrado en las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos, y un tercer bloque que incluiría más de 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas porque cada uno de esos expedientes "constituye un conjunto de hechos susceptibles de investigación y enjuiciamiento separado".

La jueza subraya que es precisamente en este bloque donde más avanzada está la instrucción, y que "hay expedientes de concesión de subvenciones y ayudas sociolaborales respecto de los cuales prácticamente no quedan diligencias que acordar y en las que en muchas de ellas no se ha avanzado nada, prácticamente, desde el inicio de la instrucción, pudiendo ser elevadas a enjuiciamiento de forma inmediata".

LAS MACROCAUSAS

Como argumento para justificar la división, Bolaños insiste en la agilidad del proceso, y constata en el auto que la sociedad demanda resultados en la instrucción de las llamadas macrocausas. "Es esta una preocupación social e institucional y, siendo posible, viable, la agilización del proceso como se ha fundamentado, no existe motivo alguno que justifique la dilación en la instrucción", asevera. Un argumento similar al empleado el miércoles por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre el 'caso Malaya' de corrupción municipal en Marbella.

La decisión de la jueza Bolaños deberá ser ahora ratificada por la Audiencia provincial de Sevilla, que tiene pendiente de resolver el recurso planteado por la Fiscalía en este mismo sentido tras la negativa de la anterior jueza titular, Alaya. A la jueza estrella sevillana se le plantea ahora una amarga disyuntiva, ya que tras su ascenso decidió continuar en comisión de servicio en su antiguo juzgado con la confianza puesta en mantener la instrucción de esta causa. Sin embargo, la jueza Bolaños y más tarde el TSJA y el propio Consejo General del Poder Judicial hicieron un reparto de las causas que dejaba a Alaya al frente de los ERE únicamente hasta que se resolviera si se dividía o no el caso.

ENFRENTAMIENTO

Una vez realizada la división, será Bolaños quien determine cuál de los dos jueces de refuerzo se encarga de cada una de las piezas, lo que podría hacer que la jueza Alaya se replantease aceptar la comisión de servicio. Alaya mantiene un duro pulso con su sucesora que ha trascendido públicamente, ya que en un escrito remitido al CGPJ para proponer el plan de reparto del trabajo en el juzgado, la jueza sevillana puso en duda la imparcialidad de Bolaños por su relación de amistad con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, parte personada en la causa de los ERE, e incluso la relacionó laboralmente con el hermano de uno de los principales implicados en  el caso de los cursos de formación, el exconsejero andaluz Ángel Ojeda