La ejecutiva de la UGT de Andalucía cobraba sobresueldos a cargo de la Junta, según varios testigos

Varios testigos del caso que investiga las presuntas facturas falsas de la UGT de Andalucía declararon que toda la ejecutiva regional del sindicato cobraba entre 900 y 3.000 euros mensuales que procedían de los fondos de la Junta. Los datos se han conocido al levantarse el secreto de sumario del caso, en el que está imputado el extesorero de UGT-A Federico Fresneda, dos responsables de la contabilidad del sindicato y trece empresarios que supuestamente habrían emitido facturas falsas que la UGT entregaba luego al Gobierno andaluz como justificación de subvenciones para formación.

La secretaria general de la UGT de Andalucía, Carmen Castilla, ha señalado este viernes que, si se demuestra que los exsecretarios generales del sindicato Pastrana y Francisco Fernández, y otros miembros de la anterior ejecutiva, "son culpables", tendrán que "responder ante la justicia".

El Gobierno andaluz, mientras, ha reclamado la "rápida" actuación de la justicia y ha señalado que sigue analizando su personación en el caso como "acusación particular", según ha declarado el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. 

El seudosindicato Manos Limpias, personada como acusación popular en el caso, ha anunciado que va a pedir al juez que suspenda cautelarmente al sindicato ante los presuntos delitos conocidos tras levantarse el secreto sumarial.

José Miguel G. R., empleado en el departamento de Justificación, declaró a la Guardia Civil que todos los miembros de la ejecutiva regional cobraban, además de sus retribuciones, un sobresueldo que se cargaba en parte a un programa de Organizaciones Sindicales subvencionado por la Consejería de Empleo.

"Cánon revolucionario"

El exsecretario general Manuel Pastrana, que ocupó el cargo entre 1998 y el 2013, cobró 3.000 euros durante un tiempo, pero además tenía "coche con chófer, el alquiler de su vivienda y una VISA Oro a su disposición", según explicó Germán Damián D. S., responsable de Formación en la ejecutiva andaluza entre el 2005 y el 2009. El propio Fresneda y Ana Pérez Luna, exsecretaria de la Mujer, tenían un sobresueldo de 1.500 euros, según el primer testigo."Toda la ejecutiva", apunta, conocía como "canon revolucionario" el llamado "rappel" o descuento que la UGT-A conseguía de sus proveedores, pero que luego no reflejaba en las facturas que presentaba a la Junta para justificar las subvenciones, según este testigo. Se ha mostrado "convencido", además, de que Fresneda no movía un dedo "sin la aprobación" de Pastrana.

Gastos personales

La Guardia Civil mantiene, según consta en el atestado, que las subvenciones de la Junta de Andalucía se habían convertido en una "vía alternativa de financiación" de la UGT-A, que pagaba con los fondos de formación el 100% de sus gastos estructurales, como agua o luz, y casi el 100% de sus gastos de personal.

Entre otros "artificios", el atestado recoge como "otra fuente de financiación" las pólizas de seguro que cubrían las acciones formativas, que se contrataban siempre con ASP, propiedad del sindicato que "siempre devolvía el 50% del importe de la póliza a UGT" y posteriormente otro porcentaje adicional si el contrato vencía sin incidentes.

Un "bote" de escándalo

La UGT-A disponía de un programa informático propio, llamado Spyro, para gestionar el "bote" conseguido con los descuentos e "integrar ambas realidades, la contable y la presentada, ante la Junta", lo que, según la Guardia Civil, "refleja lo institucionalizado del sistema". El "bote", según el atestado, llegó a crecer "de manera espectacular" de forma que "escandalizaba a todo el mundo".