¿Sería aceptada una DUI?

El independentismo catalán se mira en el espejo de Kosovo para justificar que una secesión declarada de forma unilateral, la famosa DUI, podría gozar del reconocimiento internacional. Pero el propio Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) admite que «no hacen falta demasiados esfuerzos» para concluir que este mecanismo se sitúa «completamente fuera del marco constitucional español». En román paladino, el Parlament carece de competencias para declarar la independencia de Catalunya, y una iniciativa legislativa de este tipo tendría todos los números de ser suspendida por el Tribunal Constitucional, siguiendo el mismo camino que la declaración de soberanía del 2013.

El mismo informe admite que el «contexto político e institucional» que desembocó en la DUI kosovar (que incluyó una cruenta guerra civil y una intervención militar de la ONU) «no es comparable al de la Catalunya actual», pero se aferra a la resolución de la Corte Internacional de Justicia que avaló en el 2010 la independencia de la exprovincia serbia de mayoría albanesa (cuyo Parlamento proclamó la secesión exprés el 17 de febrero del 2008). Dicen los sabios del Govern que ese documento sostiene que las DUI «no están prohibidas en el Derecho internacional si son el resultado de un pronunciamiento democrático llevado a cabo en un contexto pacífico».

No obstante, dicha resolución matiza que la posición de la Corte sobre Kosovo es «excepcional» y no presupone un aval jurídico al derecho de separación de cualquier «entidad situada dentro de un Estado existente». Tesis que sostuvieron los días posteriores a la DUI el presidente de EEUU a la sazón, George W. Bush, y el propio mediador de la ONU que impulsó el plan de paz, Martti Ahtisaari, premio Nobel de la Paz 2008.

«La independencia fue provocada por la guerra, la limpieza étnica y la imposibilidad de vivir juntos. Estaba claro que se trataba de una situación excepcional que no podía servir de precedente. Y aun así, Kosovo no ha logrado ser miembro de ningún organismo internacional (por más que la ONU lo reconociera como Estado)», recordaba hace unos días el exprimer ministro italiano Massimo d'Alema. También subrayó que todos los países surgidos de la disgregación de Yugoslavia «tienen un PIB inferior del que gozaban en 1990». Ligado a esta advertencia, cabe recordar que no hay en ciernes la incorporación de Kosovo a la UE, mientras que Serbia sigue en la cola para adherirse. La ONU y la OTAN reconocen a Kosovo, pero el joven Estado continúa fuera de ambas organizaciones. La OTAN, de hecho, lo considera un «enclave», no una nación.

Aunque la UE recalcó en su día que la secesión de Kosovo constituía un «caso sui géneris que no sienta ningún precedente», parte del independentismo insiste en que la misma institución es muy pragmática y no permitiría la salida de Catalunya porque es «donante neto» y porque no se puede expulsar así como así a 7,5 millones de personas que actualmente forman parte del organismo. Sin embargo, el énfasis de los dirigentes mundiales en subrayar que no hay ningún precedente está estrechamente ligado con la preocupación exhibida por algunos países por un posible efecto contagio del caso catalán a su propio territorio.

Un reconocimiento del Estado catalán a través de una DUI daría alas a los movimientos secesionistas del norte de Italia (de ahí que la xenófoba Liga Norte apoye encarecidamente a los independentistas catalanes), de Francia, de Flandes o de Escocia, donde el partido nacionalista vuelve a reclamar con fuerza otro referéndum tras haber perdido el del 18 de septiembre del 2014. Incluso el Texas Nationalist Moviment sigue con atención lo que ocurre al otro lado del Atlántico para tratar de impulsar su separación de EEUU.

Aunque dijo que la declaración exprés de la secesión «siempre está ahí, en el último sobre del último cajón», el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha admitido que ese tipo de actuación conlleva no pocos inconvenientes. «La declaración unilateral de independencia no es nuestro marco ideal, ni el mejor, ni el que queremos. Pero no podemos descartarla al 100% porque sería una renuncia tan evidente que nos haría perder fuerza», afirmó en un encuentro con lectores de EL PERIÓDICO publicado el 16 de marzo del 2014. Un par de días después, el conseller Francesc Homs quitaba hierro a la idea de la DUI.

El artículo 4 del Tratado de la UE estipula que cada Estado miembro tiene la potestad exclusiva de decidir sobre sus «estructuras fundamentales políticas y constitucionales, también en lo referente a la autonomía local y regional», y que la UE «respetará las funciones esenciales del Estado, en particular las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial». Según Jean-Claude Piris, director del servicio jurídico de la UE de 1998 al 2010, estos preceptos impedirían a los Estados miembros reconocer a un territorio que se declarase independiente unilateralmente infringiendo la Constitución del Estado al que pertenece.

La reacción del Estado

El CATN asume que, en caso de declarar la independencia de forma unilateral, el Estado podría recurrir también a la intervención de la autonomía e, incluso, a la declaración del estado de excepción o de sitio. Los expertos lanzan una última advertencia juridica. «No se puede descartar que, tanto ante las vías legales como frente a otras actuaciones, el Estado pudiese utilizar de forma sesgada otros instrumentos coercitivos que el ordenamiento jurídico pone a su alcance, especialmente en el ámbito del control de la estabilidad económica-presupuestaria».

En este caso, cita de forma específica la ley de estabilidad presupuestaria que, paradójicamente, CiU votó a favor en el Congreso. Por lo tanto, se da la circunstancia de que una ley votada por los nacionalistas catalanes podría acabar por tener consecuencias funestas para la autonomía de Catalunya.