Medio año sin la sentencia del 'caso Palau'

“El Palau de la Música era la cañería por la que transitaba el dinero que Ferrovial quería hacer llegar a CDC”. Fulminante y contundente. El fiscal Emilio Sánchez Ulled Emilio Sánchez Ulled (casualidades de la vida, ahora destinado a Bruselas, donde está viviendo Carles Puigdemont) lo dejó ir a bocajarro en la segunda parte de su informe final del juicio en que pidió la condena del expresidente del auditorio, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, entre otras personas, pero en el que también acusó a CDC y al que fuera su tesorero, Daniel Osàcar. El juicio acabó el pasado 16 de junio. Este sábado hace seis meses. La sentencia está pendiente y no está previsto, salvo sorpresas, que salga hasta después de las elecciones catalanas del 21-D.

El independentismo, incluido el PDECat, sucesor de CDC, se ha desmarcado desde el primer momento de aquella Convergència de Jordi Pujol y ha cerrado filas en torno a que era otra época y que la corrupción es historia. Sin embargo, una sentencia de estas características en plena campaña daría munición para atacar a la lista de Junts per Catalunya encabezada por Puigdemont.

Las fuentes consultadas apuntan a que no se conocerá la sentencia hasta finales del 2017 o principios del 2018. Al ponente se le eximió de reparto de asuntos para redactarla hasta el 30 de noviembre pasado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) le concedido de prórroga hasta el 31 de diciembre. Los juristas argumentan que es una resolución compleja. No solo por el número de acusados, 15, sino también por las cuestiones jurídicas a dilucidar. Los magistrados deben discernir el alcance del expolio y sí, como sostiene la fiscalía, 6,6 millones de euros fueron a parar a CDC.

Los abogados defensores también aseguran que no esperan que la sentencia, como es habitual en casos con cariz político, se dicte durante la campaña electoral. Al menos, inciden, por prudencia y para evitar que se utilice como arma arrojadiza contra el adversario. Sin embargo, el Derecho no es una ciencia exacta y puede ocurrir cualquier cosa.

Documentos incriminatorios y el 3%

Una de las pruebas que el tribunal valorará son los documentos hallados en el registro del Palau el 23 de julio del 2009. La fiscalía sostiene que estos papeles indican que Ferrovial pagó comisiones a CDC, a través de la entidad, a cambio de obra pública. Una hipótesis reforzada en el juicio por el pacto sellado entre el fiscal y la defensa de Jordi Montull y de su hija Gemma. El acuerdo supone una rebaja considerable en la petición de pena para ellos. Millet no quiso quedarse solo y, al final, también se apuntó al carro de las confesiones.

Y es que el “ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%” lanzado cuando Pasqual Maragall era presidente de la Generalitat a Artur Mas, entonces líder de la oposición, en febrero del 2005, volvió a sonar 12 años después. Pero en otro escenario: la Ciudad de la Justícia de Barcelona, en el juicio por el expolio del Palau y el desvío de fondos, no solo para beneficio particular de la que fue su cúpula, sino también hacia CDC. No salió a relucir el 3%, sino el 4% en supuestas comisiones pagadas por Ferrovial O mejor dicho, el 2,5%, pues el resto se lo repartían, como buenos amigos, Félix Millet (el 1%) y su mano derecha, Jordi Montull (0,5%). La constructora, que tenía a dos directivos en el banquillo,  y CDC, con su extesorero Osàcar al frente, siempre han negado esos pagos.

Un tal 'Daniel'

No hizo falta que el fiscal se esforzara mucho en los interrogatorios de Millet y Gemma Montull. Los dos se explicaron con claridad: “Ferrovial hacía donaciones al Palau para que el dinero fuera a parar a CDC a cambio de obra pública. Eso no lo dije en mi confesión del 2009, pero es la verdad”, admitió el que fuera máximo responsable del Palau de la Música que, para sorpresa de muchos, no se mordió la lengua. Gemma, que ocupaba el cargo de directora financiera, ratificó el desvío de fondos al partido. Y su padre insistió. El terremoto alcanza a Carles Torrent, quien fue tesorero de CDC hasta el 2005, cuando falleció, y a su sustituto en el cargo, Daniel Osàcar, que se enfrenta a ocho años de cárcel y a quien el expresidente del Palau señaló como el “Daniel” que figura en un documento sobre el reparto de comisiones.

En su declaración, Millet, para quien el fiscal reclama 14 años y nueve meses de prisión, fue incluso más explícito y relató que el sistema de comisiones lo organizó el fundador de Ferrovial, Rafael del Pino, que murió en el 2008. Por parte de la constructora, están acusados dos exdirectivos, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, que supuestamente eran los encargados de la canalización de los fondos. Millet reconoció que se hicieron pagos a Torrent y que Jordi Montull,  para quien se solicita 10 años y 10 meses de prisión, estaba al corriente. “Se ponían de acuerdo Convergència y Ferrovial”, según su versión, antes de que la constructora diera el dinero al Palau camuflado como patrocinio. Ferrovial siempre lo ha negado. Montull remató: “Las comisiones pasaron del 3% al 4% porque CDC quería más dinero”. El juicio fue un casi todos contra CDC, que también ha desmentido haber recibido comisiones. La sentencia dirá.