Santamaría considera que el varapalo a las estructuras de Estado "complica" la ofensiva del Govern en la UE
"Le va a resultar difícil explicar que quieren imponer una decisión a la que se opone todo el mundo", afirma la vicepresidenta
Por qué confiar en El Periódico La vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha quitado importancia a la campaña internacional anunciada el jueves por el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc HomsFrancesc Homs, para denunciar los portazos del Estado a derecho a decidir. A su juicio, el varapalo del Consell de Garanties Estatutàries a las estructuras de Estado estructuras de Estado no le va a ayudar a Artur Mas en esta labor "pedagógica", tal y como la definió la víspera Homs. Al contrario, le va a "complicar" esta tarea, ha afirmado la vicepresidenta.
Según ha argumentado Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el dictamen desfavorable del órgano consultivo se une al rechazo del Congreso de los Diputados, del Tribunal Constitucional y otras resoluciones de los tribunales en contra de los pasos dados por el Govern y el Parlament en el proceso soberanista.
"Le va a resultar difícil explicar que quieren imponer una decisión a la que se opone el Congreso, el Constitucional y resoluciones de los tribunales, pero se le complica más porque el propio Consell de Garanties Estatutàries ha dicho que no es conforme a la Carta Magna ni al Estatut la construcción de estructuras de Estado", ha afirmado la número dos del Ejecutivo central antes de resumir su tesis: "Si tanta gente le dice que lo que quiere hacer no lo puede hacer es que hay algo que hace mal".
LA SUSPENSIÓN DEL JUEZ VIDAL
Por otra parte, Santamaría ha negado que de la sentencia del Constitucional contra la ley de consultas y la suspensión del juez Santiago Vidal por parte del CGPJ se pueda desprender que la justicia está politizada. A su juicio, lo que ha hecho el CGPJ es "aplicando el régimen disciplinario, evitar que los jueces puedan elaborar acciones de naturaleza política ajenas a su función jurisdiccional", una prohibición que, ha añadido, los jueces aceptan cuando ingresan en este cuerpo.
Respecto de la sentencia del TC, la vicepresidenta ha insistido en que la función del Gobierno es "defender la Constitución y los derechos de los ciudadanos" y que lo que hacía esta norma, y ha ratificado el fallo del alto tribunal, era vulnerar el "derecho del conjunto de españoles a opinar sobre su propia soberanía".
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