LA CAMPAÑA DEL 20-D

Sánchez quiere incrementar hasta los 1.000 euros el salario mínimo en dos legislaturas

GEMMA ROBLES / MADRID

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Adelantó el socialista Pedro Sánchez el pasado 12-O, en los corrillos con la prensa en el Palacio Real, que comenzaría de inmediato a presentar por partes su programa electoral. Esta misma tarde el secretario general del PSOE ha reunido en un acto político a compañeros de organización, sindicalistas, economistas y prensa para detallar lo que será su proyecto laboral si se hace con la victoria en las próximas generales: se compromete a incrementar el salario mínimo interprofesional para que alcance, en dos legislaturas, el 60% del sueldo medio neto, lo que supondría a datos de hoy llevarlo hasta los 1.000 euros en ocho años.

Según los cálculos que se han hecho en el principal partido de la oposición, sería posible subirlo un 30% en la legislatura que comenzará en enero de 2016 e ir subiendo poco a poco en el siguiente periodo, si logran primero vencer y después reditar su triunfo por segunda vez. En este contexto, Sánchez apuntó que si derrota a Mariano Rajoy el 20-D, derogará de forma inmediata la reforma laboral de los populares y abrirá un proceso de negociación con los agentes sociales.

Desde el partido se matiza que esa derogación afectaría a la "esencia" de la reforma del PP,  aunque a preguntas de los periodistas tuvieron que admitir que la parte que concierne al despido -24 días por año con máximo de 12 mensualidades si es despido procedente y 33 días por anualidad con tope también de 12 meses si es improcedente- permanecería vigente hasta que se alcance un acuerdo para dar luz verde a un nuevo modelo y un nuevo Estatuto de los trabajadores.

A criterio de los socialistas, su medida estrella es la que implicaría la puesta en marcha de un "plan de choque" que suponga la formación y acreditación de competencias para que 700.000 jóvenes españoles, que abandonaron la ESO y están ahora en paro, adquieran una educación básica que conlleve su "reinserción formativa" y puedan pasar a la formación profesional. El plan tendría carácter excepcional, se realizaría desde el Estado y en seis meses. Se pondría sobre la mesa una oferta pública de cursos y finalizaría con una prueba de acreditación de competencias claves.