Ruz acredita que el PP tuvo 18 años una caja b

El PP jugó con ventaja durante 18 años al disponer de una caja b que manejaron mano a mano Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta a los que el juez Pablo Ruz quiere sentar en el banquillo junto a otras cuatro personas a las que acusa de varios delitos fiscales. Lo hace una vez concluida la investigación de los llamados papeles de Bárcenas. El togado considera que los donativos que recibió este partido no están exentos de tributación e imputa un delito fiscal al PP por no haberlos declarado en el 2008. De él tendrán que responder los extesoreros y el exgerente Cristóbal Páez.

Ruz, que en las próximas semanas abandonará la Audiencia Nacional, ha pisado el acelerador para dejar cerrados los casos en los que ha trabajado en su etapa de interino en la Audiencia Nacional. El pasado 5 de marzo abrió juicio contra 40 personas en el caso Gürtel y ahora concluye este otro caso que se salda con la propuesta de que sean juzgados  Bárcenas, Lapuerta, Páez, el arquitecto Gonzalo Urquijo, su socia, Belén García en Unifica y a la empleada de esta empresa, Laura Montero.

A todos les imputa delitos fiscales de los que declara responsable civil al PP. Además, acusa a los extesoreros de un delito de apropiación indebida y a los responsables de Unifica de una falsedad documental. El juez vincula estos delitos con la existencia de una caja opaca que empezó a funcionar en 1990 hasta «al menos» el 2008 y que se nutría «de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal».

Ruz también sostiene que este partido operó con varias «contabilidades paralelas». Son la que Bárcenas documentó en unas hojas de cálculo, en las que anotaba estos ingresos en negro desde 1993, después de que asumiera la gerencia de este partido. Ocupaba el cargo desde tres años antes, tras saltar el caso Naseiro que fue archivado por el Tribunal Supremo tras anular unas conversaciones telefónicas y, por tanto, sin examinar si ya entonces el PP contaba con una financiación ilegal.

El juez recoge en su resolución las donaciones recibidas por el PP que aparecen en los papeles de Bárcenas en su mayoría de constructores y reconoce que no ha podido acreditar que dieran este dinero a cambio de la obtención de adjudicaciones públicas por lo que les deja fuera del proceso. Ruz, tras la pelea mantenida en las últimas semanas con Hacienda sobre el trato fiscal de los donativos a los partidos, decide que ese dinero debe ser declarado al fisco porque esos donativos «no han cumplido» con los criterios de transparencia «al haberse destinado a pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas».

 Por ello, considera que el PP debió tributar en el Impuesto de Sociedades en el 2008 por los 1.055.000 euros que recibió por este concepto y que, al no hacerlo, ha contraído una deuda con el erario público de de 220.000 euros. Sin embargo, limita la responsabilidad por este delito a las personas que tenían que rendir cuentas ante Hacienda, es decir, los tesoreros y el gerente, Y exculpa al entonces secretario general Ángel Acebes de estos tejemajes al no existir «suficientes datos» de que supiera que se estaba pagando en negro la reforma de la sede nacional.

Ruz también explica que «una parte del dinero» que este partido recibía «en metálico de los donantes» era después «introducido en el circuito económico financiero» de la fuerza conservadora a través de ingresos en efectivo que eran debidamente fraccionados para cumplir la ley de financiación de partidos. Hasta el 2007, estos solo podían recibir de cada donante 60.000 euros al año. Luego esta cifra se elevó hasta los 100.000 euros. De este modo, el PP engrosó su contabilidad oficial en 1,2 millones de euros entre el 2002 y el 2007 en 15 operaciones.

En su resolución el magistrado afirma que esta caja b se usaba para pagar a políticos por su dedicación como es el caso de Jaime Ignacio del Burgo, Por este concepto aparecen anotadas 23 salidas en los papeles de Bárcenas por un importe de 86.545 euros. Otro de los beneficiados de estos sobres fue Páez al que se le pagaron 12.000 euros en el 2007 y el 2008 en billetes de 500 euros para compensar su salida del partido. Otras anotaciones de esta contabilidad opaca fueron para víctimas del terrorismo y fundaciones.

Además, el PP gastó parte de este dinero en sufragar gastos electorales y en reformar su sede de la calle Génova, en Madrid así como las de Bilbao y la Rioja. El juez sostiene que parte de estas obras fueron pagadas en negro y acredita que el arquitecto Urquijo recibió 1,5 millones de euros en negro por dirigir las mejoras de la sede de Génova. Además, Bárcenas sisó de la caja para comprar, por ejemplo, acciones del portal Libertad Digital.

El juez renuncia, en su resolución de 190 folios, a su potestad de proponer al Gobierno que regule el delito de financiación ilegal de los partidos porque está previsto que se incluya en la reforma del Código Penal.

Además, Ruz remite a Toledo la causa sobre la concesión de un contrato de limpieza en esta ciudad que, según Bárcenas, supuso una comisión de 200.000 euros que fueron usados para sufragar gastos de la campaña de Maria Dolores de Cospedal en el 2007. El togado afirma que no ha encontrado «suficientes indicios contra las personas aforadas».

Ahora, las acusaciones disponen de un plazo de 20 días para presentar sus escritos antes de que el juez dicte auto de apertura de juicio oral.