Rull ve en la operación un plan contra el 27-S

los registros de la Guardia Civil provocaron la inmediata reacción de CDC, que respondió con una negativa y un contraataque. El partido de Mas convocó una rueda de prensa (minutos después de la cual recibió la visita de la Guardia Civil en la misma sede de la calle de Còrsega) para negar rotundamente la financiación irregular, dando información sobre los pagos de dos empresas a la fundación convergente y, sobre todo, enmarcando lo sucedido ayer en una operación política contra el soberanismo a las puertas del 27-S.

Fue el número dos convergente, Josep Rull quien compareció para denunciar una «operación mediática y política», dado que determinados medios conocían previamente la existencia de los registros de la Guardia Civil en la fundación convergente y en varios ayuntamientos. Y sobre todo porque la documentación contable de la fundación está depositada en el cuartel general convergente.

Es decir, según CDC, la entrada y registro en la fundación que Convergència tiene en la calle de Casp respondía más bien a un «show» preelectoral. «Desde el 9-N sabemos por orden de quién actúa la fiscalía, la espectacularidad de la operación deja claro su objetivo», denunció Rull, al tiempo que dio datos sobre las aportaciones de Teyco y Bluegreen a la fundación convergente: 150.000 y 207.000 euros, respectivamente, que representaron un porcentaje del 1,7% y el 2,4% de toda la financiación de la CatDem durante esos años. Unas aportaciones hechas «de cuerdo con lo que la ley prevé».

El terremoto político preelectoral era ya notable, ayer. El resto de partidos pusieron de manifiesto las irregularidades que afectan a CDC. En el soberanismo se desplegó el discurso de la operación política.

MENOS VICTIMISMO

El Gobierno del PP negó cualquier tipo de intencionalidad política en la operación. Que CDC «no busque culpables fuera de sus filas», recomendó al partido de Mas la vicepresidenta del Ejecutivo Soraya Sáenz de Santamaría, que reclamó respeto a las decisiones judiciales e instó a Convergència a abandonar el «victimismo».

El cabeza de lista de la candidatura que acomoda a CDC en las elecciones del 27-S, Junts pel Sí, Raül Romeva reclamó «transparencia» y «clarificar» el caso de Torredembarra, que afecta a CDC, y avisó de que la lucha contra la corrupción tiene que ser «impecable» y sin lugar a «matices» en función de la formación política que resulte involucrada. Romeva, más tarde, añadió que había «muchos nervios en el Estado» y que había quien «simplemente quería esta foto [la del registro] y la quería en este momento». ERC se alineó al 100% con todo lo dicho por Romeva.

El PP, por su parte, tras anunciar su plante a Artur Mas en la comparecencia del miércoles en el Parlament, avanzó ayer que presentarán una petición para que el president dé explicaciones en sede parlamentaria sobre los registros, el mismo día 2. PSC e ICV-EUiA también anunciaron que pedirían exactamente lo mismo. Los exsocios de CDC, el candidato de Unió al 27S, Ramon Espadaler, y el líder democristiano, Josep Antoni Duran Lleida, por su parte, mostraron su «respeto» a la presunción de inocencia.

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Y especialmente significativo fue el combate dialéctico entre el exdirector de la fundación de CDC, Agustí Colomines, y el hasta ahora diputado de la CUP, David Fernàndez. «Máxima exigencia contra la corrupción y máxima exigencia contra la guerra sucia», resumió Fernàndez, después de que Colomines, que le reprochó haber hecho declaraciones ante la sede de la fundación, le acusó de «relativismo moral» y de ir con mucho más cuidado a la hora «de abrir la boca» ante el terrorismo del País Vasco que ante la operación llevada a cabo por la Guardia Civil ayer.