LA CAMPAÑA ELECTORAL PARA EL 20-D

Rivera presenta una reforma constitucional para apuntalar al Estado y controlar a las autonomías

GEMMA ROBLES / CÁDIZ

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El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha presentado esta mañana en Cádiz su propuesta de reforma constitucional que consiste, fundamentalmente, en apuntalar al Estado en el momento en que el desafío independentista catalán es más potente y en aumentar el control sobre las comunidades autónomas. Además, el proyecto de Rivera, estructurado en 30 puntos concretos, incluye una reforma de la ley electoral; la supresión del Senado y del Consejo general del Poder Judicial; el fin de los decretos-ley o un modelo de financiación autonómica que termine con los privilegios de Euskadi y Navarra, entre otras muchas cosas.

"Lo que plantea aquí Ciudadanos es renovar el compromiso del 78", ha enfatizo Rivera quien, en pie, ayudado de un micrófono inalámbrico, diapositivas y un teleprompter, ha presentado su proyecto. "Quería hacer esto personalmente porque quien quiere ser presidente de España tiene que explicar cuál es su proyecto para España antes de las elecciones, no después", ha venido a decir el candidato a La Moncloa, que sigue subiendo en los sondeos y, como poco, puede ser clave para garantizar la gobernabilidad del país la próxima legislatura.

Tras haber elegido la ciudad de Cádiz para defender su propia Pepa y admitir, ante el entregadísimo público que le seguía esta mañana (que lo mismo aplaudía la apuesta por derogar una disposición transitoria que el anuncio de eliminar el Senado), que le hubiera encantado ser uno de los diputados liberales en las Cortes gaditanas de 1812, avisó al auditorio de lo que venía. "He traído varias propuestas-bomba. [...].Algunos se van a asustar mucho con mis medidas, porque van a perder sus sillas", ha ironizado.  

DERECHOS SOCIALES Y REGENERACIÓN

Es quizás la parte de la  propuesta que concierne a la inclusión de nuevos derechos la que podría acercar, al menos parcialmente, el proyecto de Rivera a la reforma constitucional del PSOE de Pedro SánchezPedro Sánchez: C’s intentará incluir en la ley fundamental el derecho fundamental a la protección de datos personales; el derecho a la transparencia y la política para promover “la igualdad real y efectiva” entre hombres y mujeres, con derogación de la prevalencia del varón en la sucesión a la  Corona.

Asimismo, se intentará lograr el reconocimiento constitucional y efectivo de derechos como el de la salud, el acceso a la vivienda, a los servicios sociales, la protección ambiental, de consumidores y usuarios o al acceso a servicios públicos "en  condiciones de igualdad y derecho a la buena administración". "Se establecerá la obligación de la garantía presupuestaria para la regulación de estos derechos sociales", se señala. "Ya está bien de mencionar los derechos sin explicar cómo se pagan. Con nosotros, habrá una memoria económica para no generar frustración", ha aseverado esta mañana el jefe de Ciudadanos.

MODELO ALEMÁN

En medidas de regeneración y renovación institucional, destaca la exigencia de una nueva ley electoral que siga el modelo alemán, lo que supondría que la elección de los diputados se haría simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales, disponiendo en consecuencia  cada elector de dos votos. Además, las primarias sean obligatorias para todos y se modificarían los criterios para impulsar las iniciativas legislativas ciudadanas; de pondría fin a "privilegios" de los parlamentarios como el aforamiento o los suplicatorios por supuestos delitos que no estén relacionados con la vida política y se dará otra vuelta de tuerca al régimen de incompatibilidades.

Se suprimiría también el Consejo General del Poder Judicial, cuyas atribuciones pasarían directamente al presidente del Tribunal Supremo, que se ayudaría de dos adjuntos y habría sido elegido por el Congreso, por un plazo  de seis años, sin posibilidad de reelección. Los parlamentarios autonómicos, a diferencia de lo que ocurre ahora, no podrían proponer magistrados para los tribunales y se limitarían las puertas giratorias entre la política y la justicia. Cambiaría también la fórmula para designar al fiscal general del Estado y se promete la "despolitización" del Tribunal Constitucional o de los indultos.

"Os pongo un ejemplo (de los muchos de índole catalán que Rivera ha usado esta mañana durante su intervención en Cádiz): En Catalunya, Oriol Pujol es juzgado por unos jueces del Tribunal Superior de Justicia que han sido propuestos en su mayoría por su partido. ¿Eso tiene sentido?", se ha preguntado en voz alta.

NO MÁS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

En lo que atañe al modelo territorial, C’s adopta la pauta que en su día ya propuso el Consejo de Estado que dirigía Francisco Rubio LLorente (cuando el Gobierno de José Luis Roríguez Zapatero le demandó un proyecto de reforma de la Carta Magna que terminó guardado en un cajón) y que tanto agradó al PP, consistente en enumerar las 17 autonomías y las ciudades autónomas, "para fijar el mapa autonómico de manera definitiva".

"Esto conllevará la supresión de la disposición transitoria cuarta, que contempla la posibilidad de incorporación de Navarra al País Vasco", se añade en el documento que ha sido defendido esta mañana por Rivera, acompañado de los expertos que han elaborado el borrador sobre la Constitución y de su Ejecutiva. Curiosamente, esta medida concreta ha sido apoyada esta misma semana por el presidente del Gobierno y aspirante a la reelección, Mariano Rajoy, quien poco a poco va haciendo comentarios públicos y privados -que terminan difundiéndose- sobre la potencial reforma de la Carta Magna que llegará la próxima legislatura y que, por puros motivos electorales, el PP ha decidido no incluir en su programa electoral.

Aboga el candidato de C's por derogar  "expresamente" los preceptos constitucionales que son meras disposiciones transitorias de la Constitución y que fueron añadidas para acceder a la autonomía, por lo que en un modelo cerrado ya no serían de aplicación, además de las  disposiciones propiamente dichas. Y habiendo dejado claro que no podrá haber nuevas comunidades o cambios sobre el mapa actual en ningún caso –se pondría de hecho un cerrojo definitivo al modelo ideado en la Transición- se establece la elaboración de un listado de competencias exclusivas del Estado en el artículo 149 de la Constitución. "Será necesario también diferenciar entre las que asume íntegramente (funciones legislativas y ejecutivas) y las que sólo lo serán en la vía legislativa", matizan.

En este último caso, esto es, cuando el Estado tiene potestad para aprobar leyes básicas que de obligada aplicación después por los gobiernos autonómicos, se buscará una mayor "vigilancia" y control sobre los Ejecutivos de cada comunidad, a través de la alta inspección "entre otros". "Se elaborará un listado de competencias compartidas integrado por la materias en las que el Estado cuenta con la  función legislativa, junto con la comunidades. La Constitución establecerá las reglas de relación para evitar los conflictos sobre la base de la supletoriedad y la prevalencia legislativa del Estado", se sostiene además la propuesta de Rivera.

SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 150.2

A fin de garantizar que no habrá negociaciones futuras entre el Estado y los territorios que incluyan cesión de nuevas competencias, se demandará la supresión del artículo 150.2 de la Constitución, justo el que permitía que algunas atribuciones en origen estatales pudieran pasar, con el transcurso de los años y con pacto mediante, de manos del Estado al de los gobiernos autonómicos.

"Se incluirá una cláusula residual que atribuya el resto de materias a la competencia de la comunidades. En todo caso, el Estado podrá legislar con eficacia jurídica plena y directa cuando sea necesario para garantizar: las condiciones de vida equivalentes en todo el territorio nacional, el mantenimiento de la unidad jurídica y económica, o la igualdad básica de los españoles en todo el territorio nacional en relación a los derechos y deberes", se apostilla, en un punto que, en la práctica, supone que el Estado estará amparado por la Constitución y tendrá plenos poderes para intervenir cada vez que lo considere oportuno, en línea contraria al modelo federal por el que está apostando el PSOE.

CONSEJO DE PRESIDENTES Y MUERTE A DIPUTACIONES

Siguiendo con el modelo territorial, Ciudadanos coincide con otros partidos en que el Senado actual no está cumpliendo con el objetivo de ser una verdadera Cámara de los territorios. Pero a diferencia de otros, no demanda su reforma, sino su eliminación total para ser sustituido por “un consejo de presidentes de las comunidades autónomas”, donde estarían  también Ceuta y Melilla y no  participaría el presidente del Gobierno.

“Sus miembros dispondrán de un voto ponderado en función de la población de su respectiva comunidad –detallan-. Será competente para la aprobación, en segunda lectura, con el voto mayoritario de sus miembros, de las leyes más directamente relacionadas con la  organización territorial del Estado. En caso de discrepancias con el Congreso de los diputados, prevalecerá lo  decidido por éste, tras haberse intentado consensuar una posición común”. Como  han hecho otros países europeos durante la crisis, Rivera plantea que se proceda a la fusión de ayuntamientos que sean incapaces de prestar servicios sostenibles, así como  a la supresión de las diputaciones provinciales.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y CARTA DE SERVICIOS BÁSICOS

También de financiación autonómica versa la propuesta de reforma constitucional de Ciudadanos, que avala un modelo que garantice "la igualdad básica" de todos los españoles con independencia de su lugar de residencia. En este campo, se propone la elaboración de una cartera de servicios "cuya garantía estaría constitucionalmente respaldada por la financiación del  Estado".

Lejos de abrir una puerta a nuevos cupos para territorios como Catalunya, por ejemplo, Rivera y su equipo defienden "el compromiso" a favor de la armonización fiscal de ámbito europeo que conlleve la eliminación de las excepciones territoriales, así como de paraísos fiscales. Como se entiende que la formula  "compromiso" supondrá varios años para su puesta en marcha, se plantea una vía de transición para los casos de Euskadi y Navarra. "Mientras ello ocurre, al menos es necesario revisar el actual sistema de cupo. Se debe hacer un cálculo razonable de la contribución vasca y navarra a la hacienda estatal con el fin de evitar desigualdades de una menor contribución a la solidaridad colectiva", se advierte.

En este contexto, se avala que sea el fondo de cohesión social y territorial hoy existente el que vertebre un nuevo modelo de financiación que otorgue garantías  de "igualdad"; que se eliminen otro tipo de fondos existentes que, a juicio de C’s y sus expertos, crean "distorsión" y que se establezcan vías fiscales para que las comunidades que quieran dar más prestaciones que las  establecidas, inicialmente y como obligatorias, en una carta de servicios común, puedan hacerlo libremente financiándolas con un "incremento" de cargas tributarias que estén bajo responsabilidad autonómica.

Se da la circunstancia de que esta propuesta se parece, y mucho, a la que los populares tienen  en la cabeza para implementar un nuevo sistema de financiación autonómica en la próxima legislatura (salvo en la parte que afecta a Euskadi y Navarra que, según aseguran en el PP, no tienen intención de cambiar).  El equipo de Cristóbal Montoro, como hace meses avanzó EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, también está trabajando en un modelo semejante.

 En cuanto a la ley de estabilidad de presupuestaria, C’s considera que no puede quedar "en manos de la discrecionalidad política" del Gobierno, por lo que se  introduciría una "disposición jurídica de disciplina que se ha de cumplir por todos y en los términos que establece". Si esta modificación estuviera introducida ya en la Constitución, Catalunya o Valencia, por ejemplo, tendrían que haber sido intervenidas en el  terreno de las  finanzas por el Estado, dada la situación de sus cuentas públicas en esta legislatura, sin posibilidad de que ningún Ejecutivo central pueda modular su respuesta sin arriesgarse a incumplir con la Carta Magna.