Otra jueza envía al Supremo la causa contra Rita Barberá por incumplir la ley de memoria histórica
La instructora se declara no competente para juzgarla por su negativa a retirar símbolos franquistas
Mal día para Rita Barberá. El mismo día en que el juez del 'caso Imelsa' ha pedido al Tribunal Supremo que impute a la exalcaldesa de Valencia por blanqueo de capitales, la segunda magistrada que andaba detrás de la imputación de la ahora senadora popular, ha decidido seguir los pasos del instructor de ‘Imelsa’ y pedir también al alto tribunal que investigue y, en su caso, juzgue a la parlamentaria. En esta ocasión, por supuestos delito de desobediencia y denegción de auxilio por incumplimiento de la ley de memoria histórica al no retirar los franquistas de calles y edificios de la ciudad cuando era alcaldesa.
La titular del juzgado de instrucción número 16 de Valencia donde recayó la denuncia en abril del 2015 se ha declarado no competente para admitir la denuncia presentada por los socialistas valencianos, el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica y el abogado madrileño Eduardo Ranz Alonso.
En la ciudad de Valencia existen todavía en espacios públicos escudos anticonstitucionales, monumentos a los caídos franquistas, placas con signos anticonstitucionales y cuadros de honores de Valencia con exponentes del franquismo.
PETICIONES SIN CONTESTAR
Según informa el TSJ valenciano, la magistrada solicitó en octubre del 2015 al Senado la acreditación de parlamentaria de Barberá, pero la petición no fue respondida. Cuatro meses después, en marzo, el juzgado ofició de nuevo al Senado para reiterar la petición de la información que necesitaba la magistrada antes de resolver si enviaba la causa al Tribunal Supremo.
Recibida esa información, la magistrada, de conformidad con el criterio del fiscal y apelando a la resolución del TSJCV, que ya dijo que el competente era el Tribunal Supremo, ha acordado elevar las diligencias a la sala de lo penal del alto tribunal.
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