El proceso soberanista

Ridao sostiene que la legalidad internacional juega a favor de Catalunya

JOSE RICO
BARCELONA

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Para hallar la respuesta a la pregunta que plantea como título de su último libro,Podem ser independents?,basta conocer a su autor, el exdiputado de ERC y ponente del Estatut Joan Ridao (Rubí, 1967), y leer las primeras páginas de la obra, presentada ayer en la editorial RBA por el cantautor Lluís Llach y la actriz Sílvia Bel.Yes, we can,sería la respuesta. Por eso, en su doble condición de jurista y protagonista de los últimos años de la política catalana, Ridao expone como hoja de ruta más viable y segura jurídicamente para llegar al Estado propio la celebración de un referendo, desaconsejando así otras vías como la declaración unilateral.

Apoyado en los precedentes de Escocia y Quebec, el exsecretario general de ERC sostiene la tesis de que, si el Estado impide todas y cada una de las iniciativas de la Generalitat para consultar a los catalanes y tampoco quiere negociar una solución, la UE socorrerá a Catalunya y el Derecho internacional ejercerá como árbitro del conflicto. «La legalidad internacional ya ha amparado recientemente otros supuestos, como en el caso de Montenegro y Kosovo, e, incluso, ha fijado las reglas del principio democrático por excelencia: las urnas», asegura.

Un argumento que complementa con el fallo de la Corte Suprema de Canadá, de 1998, que declaró ilegal una secesión unilateral de Quebec, pero obligaba al Gobierno canadiense a negociar la independencia si una «clara mayoría» de quebequeses se expresase en ese sentido en un referendo con una pregunta «clara». Si esas negociaciones no condujesen a ningún acuerdo, entonces Quebec sí podría independizarse unilateralmente, aunque su reconocimiento dependería de la comunidad internacional.

LLAMAR A LA PUERTA DE LA UE / Sin dibujar un camino de rosas, Ridao admite que un Estado catalán debería «llamar a la puerta» de la UE y que esta tendría que fijar un procesoad hoc, en el que Catalunya no partiría necesariamente de cero. Pero el autor avisa de que a España no le convendría boicotear el proceso: «No existe ningún referente que avale que el nuevo Estado español resultante siguiese siendo miembro de la UE en las mismas condiciones que lo es ahora».