Decreto por decreto

El Gobierno central dio ayer otro paso para intentar frenar el proceso soberanista catalán en los tribunales. La Abogacía del Estado impugnó ante el Constitucional la creación de la comisión de control del 9-N (equivalente a la junta electoral). Este órgano es clave para la organización del referéndum y ya se reunió el pasado domingo.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy considera que con esta comisión Artur Mas está desarrollando la ley de consultas, que está suspendida cautelarmente por el Constitucional desde la semana pasada, al igual que el decreto de convocatoria del referéndum.

Alargar la batalla legal

Este tribunal debe informar a las partes personadas en el recurso de inconstitucionalidad (el Parlament y la propia Generalitat) para pedir sus alegaciones. Este nuevo paso del Gobierno coincidió con otro que también va a alargar la batalla judicial entre Rajoy y Mas. Según informó ayer el Parlament, la Cámara catalana envió al Constitucional el escrito de recusación contra el presidente de este tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, y del magistrado Pedro José González-Trevijano, encargado de la sentencia de la ley de consultas.

Los portavoces de CiU, ERC; ICV-EUiA y la CUP reclaman que Pérez de los Cobos y González-Trevijano no participen en las deliberaciones relativas al proceso por considerar que no son imparciales, ya que el primero militó en el PP y el segundo se ha manifestado en contra del nacionalismo catalán en artículos en los medios de comunicación.

Aunque el Parlament envió ayer la recusación, el Constitucional no la registró (cierra a primera hora de la tarde), algo que probablemente hará hoy. El alto tribunal se reúne hoy y mañana en sesión ordinaria y está casi descartado que se incluyan en su orden del día ningún asunto relativo a los recursos contra la convocatoria del 9-N y la ley de consultas, debido a los plazos procesales que requieren ambos dosieres.

Josep Rull, número dos de Convergència Democràtica, acusó a Rajoy de «judicializar» el 9-N y no dar una solución «desde la política». «El 9-N no es un problema, es una oportunidad. Es el espacio de encuentro entre Catalunya y el Gobierno español», afirmó. Una petición parecida le hizo al presidente del Gobierno el diario Financial Times en su editorial. El rotativo londinense considera que Rajoy debe abordar cuanto antes este «problema político, que requiere una respuesta política». El Financial Times, no obstante, considera que la independencia sería «devastadora» para España y, «en el corto y medio plazo, perjudicial para Catalunya». 

Contra la pasividad

También desde el PP llegaron consejos indirectos al jefe del Ejecutivo central. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, defendió que no se puede actuar con «pasividad» ante el «ataque» a la democracia que está encabezando Mas. «Un político nunca se puede poner encima de la ley», apuntó en un acto en el que participó junto con Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, insistió en que la fiscalía actuará de oficio «respecto de cualquier persona» que cometa un hecho que esté tipificado en el Código Penal. «Solo el cumplimiento de las leyes asegura una sociedad pacífica en un Estado de Derecho», enfatizó. La vía penal, por la que la fiscalía podría presentar una querella contra Mas por desobediencia, está descartada por ahora por las consecuencias políticas e institucionales.