¿Se repartiría la deuda?

En una Catalunya independiente, surgida de una declaración unilateral de independencia sin acuerdo con el Gobierno central español sería muy complejo determinar su volumen de deuda global y el reparto de activos y pasivos con el Gobierno central. La escisión de un territorio debería comportar que Catalunya asumiera una serie de deberes y obligaciones que ahora están en manos del Estado español y, de forma paralela, España debería transferir a la Catalunya independiente una serie de bienes y de derechos.

Sin embargo, en el caso de una DUI, el Gobierno español ya ha manifestado su oposición a cualquier negociación. "La unilateralidad elimina cualquier reparto de activos o pasivos, es absolutamente necesaria una relación bilateral", explica el director del Institut d'Estudis Financers, Josep Soler. Apenas existe regulación en el derecho internacional sobre la cuestión del reparto de la deuda y de los activos y pasivos que conformarían el nuevo Estado, como reconoce el mismo libro blanco para la transición nacional.

La principal fuente de derecho internacional que regula esta materia se encuentra en la Convención de Viena de 1983, pero esta no ha sido ratificada por todos los Estados, ni probablemente lo será nunca porque establece un régimen favorable para los Estados que acceden a la independencia. Desde España se pone en duda la efectividad de este tratado, mientras que desde Catalunya se considera que el convenio tiene efecto jurídico 'per se'.

Los economistas David Ros y Roger Fatjó, en el libro 'Economía de Catalunya, Preguntes i respostes sobre l'impacte econòmic de la independència' consideran que de la existencia o no de negociación se desprende una consecuencia muy importante: "Mientras España no reconozca el nuevo Estado Catalunya, tampoco será posible negociar ningún reparto, y por tanto, cada una de las partes asumirá su propia deuda".

Pero, ¿de qué se habla cuando se discute sobre el reparto de la deuda?  Según las últimas cifras del Banco de España, la deuda de la Generalitat asciende a 66.813 millones de euros y el Estado español es el principal acreedor con 37.487 millones de euros.  "Sin acuerdo, Catalunya se encontraría en una situación de 'default' (impago) porque depende de la financiación del Gobierno español", sostiene el presidente del Círculo Ecuestre y presidente de la consultora financiera Riva y García, Borja García Nieto.

El 'Libro Blanco para la Transición Nacional' afirma que Catalunya solo debería asumir la deuda de la Generalitat, diputaciones, consejos comarcales, entidades metropolitanas y ayuntamientos. Después está la parte de la deuda del Estado (un billón de euros) que debería asumir. Si se tomara la parte proporcional al PIB catalán, que supone alrededor de la economía española, la cifra que debería asumir el nuevo estado se situaría en torno a 200.000 millones. Pero sin pacto, Catalunya tampoco aceptaría consolidar esta deuda.

UN DEBATE COMPLEJO

El debate es complejo porque se entra en conceptos de eterna discusión sobre la deuda territorializable y la no territorializable.  Se considera territorializable la deuda que ha sido contraída por el Estado central o algunos de sus organismos a cargo de los Prespuestos del Estado para realizar obras, servicios o inversiones en Catalunya.

La no territorializable es la que no se puede asignar a una territorio en concreto, si no que se asigna a servicios generales del Estado. ¿Pero qué parte de estos servicios redundan en Catalunya? Aquí radica siempre un punto de discusión, a lo que hay que añadir cómo se va a hacer el reparto de bienes y derechos del Estado, es decir: edificios, servicios, corporaciones públicas. Y los no territorializables como reservas del Banco de España, cuentas corrientes de España, préstamos de España a terceros países, patrimonio nacional, etc.

David Ros y Roger Fatjó consideran que todos los bienes de uso público ubicados en el Estado sucesor pasarían a ser propiedad de Catalunya sin ningún tipo de compensación (espacio aéreo, zona marítima, terrestre, playas, recursos naturales, vías de comunicación, espacio radioeléctrico, puertos, canales, ríos, minas, inmuebles del Estado, etcétera) y lo mismo aplican a infraestructuras como Renfe en Catalunya, Aena, Adif o el aeropuerto del Prat. Estiman que el endeudamiento del nuevo Estado catalán en el peor de los escenario analizados sería del 103% del PIB, pero que tras una negociación con el Estado español se podría situar en el 52% del PIB, muy por debajo de la media de la UE.