El Tribunal Constitucional fulmina parte de las estructuras de Estado

Las llamadas estructuras de Estado catalanas han recibido este jueves un duro varapalo del Tribunal Constitucional, que ha anulado por unanimidad la mayoría de leyes que las promovían y ha obligado a reinterpretar el resto. La más importante de las normas fulminadas es la que preveía poner en marcha en el plazo de un año la Agència Tributària de Catalunya.

En una sentencia muy compleja, los magistrados también han declarado inconstitucionales el plan director relativo a los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario; la creación del Servei Meteorològic de Catalunya y la limitación para el establecimiento de grandes establecimientos comerciales en puertos públicos. Sí han avalado, siempre y cuando se interpreten como determina el fallo, las disposiciones que prevén la elaboración de un inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Catalunya y la creación de una agencia catalana de protección social.

Los jueces recuerdan en el dictamen que la Generalitat ya gestiona los impuestos cedidos por el Estado, que son los indirectos y los de la cuota autonómica, pero subrayan que no puede asumir la recaudación de los mismos. En cuanto a la agencia de protección social, el fallo la considera constitucional si se limita a gestionar las ayudas sociales o de dependencia, como las pensiones no contributivas, porque el Estado aún no le ha transferido la gestión de otras prestaciones, como la de desempleo o la de incapacidad que están en manos de la seguridad social.

LAS REACCIONES

Pese a las impugnaciones, el Govern considera que la sentencia tendrá una "afectación mínima" porque el TC no ha vetado la existencia de una agencia tributaria propio, sino solo su plan director, por lo que ha garantizado que las leyes seguirán su curso parlamentario. ERC y Catalunya Sí que es Pot también se han apuntado a continuar desplegando las normativas; Ciutadans y PP han aplaudido la decisión de los magistrados, y el PSC ha acusado al Govern de forzar el "choque de legitimidades" con el Constitucional.