El PP rechaza que el conocimiento del catalán sea obligatorio para trabajar en la justicia

El Congreso ha debatido este martes una proposición de ley del Parlament para que el conocimiento del catalán, y de las otras lenguas cooficiales en sus autonomías, sea considerado un requisito, y no solo un mérito, para trabajar en la administración de justicia. La iniciativa, entre otras cosas, también reclama que “con independencia de la lengua utilizada en las actuaciones, las comunicaciones de los órganos judiciales con las autoridades, las administraciones y los ciudadanos deben efectuarse en la lengua propia de la comunidad autónoma”. Defendida por tres diputados del Parlament, la propuesta ha sido rechazada por el PP y UPD. El resto de grupos, incluido del PSOE, se han mostrado de acuerdo con la iniciativa.

Lo “esencial”, ha dicho la conservadora Dolors Montserrat, es que los trabajadores de justicia sean “los mejores conocedores de la ley y el derecho”. La diputada del PP, que ha dicho “amar a España” desde su “profunda catalanidad”, ha acusado a los defensores de la proposición de ley de “tener miedo a la libertad” y pretender “condenar a Catalunya a la pobreza lingüística”. Desde el grupo socialista, Alex Sàez, del PSC, ha alertado de que se está produciendo un “retroceso lingüístico” y ha sostenido que “el catalán, el gallego y el vasco no están en condiciones de igualdad en la administración de justicia”.

LA GARANTÍA DEL USO

Los diputados del Parlament han utilizado estrategias distintas para intentar persuadir de la necesidad de la implantación del catalán en la justicia. Elena Ribera, de CiU, y Salvador Milà, de ICV-EUiA, se han ceñido a la iniciativa, pero Gemma Calvet, de ERC, ha ampliado el foco y ha cargado de forma global contra las sensibilidades territoriales del Gobierno central. “Ustedes no creen en el respeto a la lengua”, ha sostenido Calvet. Los argumentos de Rivera y Milà han ido dirigidos a subrayar que considerar el conocimiento del catalán como un “mérito” no “garantiza su uso”, y que la justicia es una excepción dentro de la Administración, ya que el catalán se emplea allí mucho menos. 

La inmersión lingüística en los centros públicos catalanes también ha estado presente en el debate. Montserrat ha aprovechado su intervención para criticarla. Pero el más duro, con diferencia, ha sido Carlos Martínez Gorriarán, de UPD. A su juicio, “en Catalunya se practica el franquismo educativo”. Jordi Jané, de CiU, le ha pedido que retirase unas palabras que ha tachado de “ofensivas”. Gorriarán ha contestado que no.