Pocas veces la reunión institucional que agrupa a los representantes del Estado y la Generalitat (la comisión bilateral) ha venido precedida de una acumulación mutua de recelos tan notable. La cita será el próximo día 30 en Barcelona, y la presidirán la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el líder de CiU en Madrid, Josep Antoni Duran Lleida, en su condición de representante del Govern en este organismo. Y sobre la mesa, un montón de carpetas de agravios mutuos.
Información publicada en la página 23 de la sección de Política de la edición impresa del día 24 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)
De entrada, el propio Duran -la voz más pactista de CiU en comparación con el soberanismo creciente en Convergència- ha elevado el tono. Calificó de «chapuza» los recientes recortes aplicado por el Gobierno de Rajoy. Y sin llegar a calificar de «macarra» al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como hizo el portavoz del Govern, Francesc Homs, tanto Duran como su entorno directo en Unió no esconden su malestar creciente por la actitud del Gobierno con la Generalitat. En especial, por la centrifugación del déficit a las autonomías.
Montoro frente a Mas-Colell
Tampoco el Gobierno del PP se ha quedado mudo. En especial el ministro Montoro, que en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera fue especialmente duro con las peticiones de las autonomías de un horizonte de déficit menos severo. «Es inconcebible formular objetivos de déficit mayores cuando se es incapaz de financiarlos», zanjó. Montoro, por cierto, también forma parte de la bilateral y se verá de nuevo las caras con el conseller de Economía, Andreu-Mas Colell, uno de los miembros, junto a la vicepresidenta Joana Ortega, de la representación catalana en la bilateral.
La reunión llegará además pocos días después de que el Parlament haya definido qué pacto fiscal se reivindica ante el Ejecutivo y con qué apoyos políticos cuenta. No formará parte del orden del día, pero sin duda este desafío del Govern sobrevolará la cita.
Acuerdos concretos se esperan pocos. Pero ni eso es garantía de avances. Hace un año, en la última reunión bilateral con el anterior Gobierno del PSOE, Duran arrancó al Gobierno un papel sustancial de Catalunya en la gestión del aeropuerto de El Prat y el pago de 759 millones a la Generalitat en infraestructuras de acuerdo con lo que indica el Estatut. Ambos acuerdos, junto con traspasos pendientes desde hace años, como las becas, se han quedado en nada.