Una gran promesa con el techo de cristal

El hombre que lo tuvo todo -dinero y poder político- pasa por el peor momento de una vida sin problemas

Mariano Rajoy y Rodrigo Rato, en el 2012.

Mariano Rajoy y Rodrigo Rato, en el 2012.

MERCEDES JANSA / MADRID

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A mediados de los noventa, cuando la carrera por la sucesión de José María Aznar estaba en pleno apogeo, socialistas conocedores de los entresijos del poder, como Felipe González, tachaban a Rodrigo Rato de «frívolo» y lo menos malo que decían algunos dirigentes del PP de él era que «tenía el techo de cristal». Los comentarios no pasaron de los cenáculos madrileños. Rato estaba en alza, en su partido se le hacía la ola, gustaba, era un seductor, tenía un pico de oro, daba caña desde la oposición a un noqueado PSOE y no daba imagen de derecha cavernaria habitual en el PP. Era -y es- un liberal, no un conservador, y provenía de una familia con pedigrí y dinero. Mucho dinero.

Fuera de lo que fuera el techo, lo cierto es que se le ha caído encima y el suelo se mueve bajo sus pies. No hay nada en la biografía de Rodrigo Rato (Madrid, 1949) que llevara a pensar que el dinero fuera para él un problema o que le aguardaba un calvario de sospechas e indicios fundados de gestiones dudosas.

Los Rato es una de las familias asturianas de más postín, de Gijón para ser precisos. Don Ramón, el patriarca, padre del exvicepresidente económico, era monárquico de don Juan, el abuelo del actual rey, al que dicen que acompañó a París cuando Juan Carlos juró la Constitución. Él trasmitió a sus dos hijos varones, Ramón y Rodrigo, -si nos atenemos a sus actos- la importancia de que los  mundos político y económico-financiero estén íntimamente relacionados.

Don Ramón provenía de una familia con dinero, y heredó y creó una variedad de sociedades dedicadas a todo tipo de actividades pero con tentáculos arraigados en banca y minería, gracias esta última a su boda con Aurora Figaredo.

En noviembre de 1966, el padre de los Rato entró en la cárcel madrileña de Carabanchel por un delito de contrabando monetario, como cuenta el periodista Ramón Tijeras en su libro Los Rato (Plaza y Janés). En él detalla cómo en plena dictadura el cabeza de familia fue condenado a tres años de prisión por sacar dinero de España a un banco suizo. El hijo mayor del mismo nombre también fue condenado y las multas a ambos fueron millonarias. Como consecuencia de la gestión de Rato padre, tres bancos -Siero, Murciano y Medina, los dos primeros de su propiedad- suspendieron pagos y fueron intervenidos. Una premonición.

Los dos hijos estudiaron derecho y se hicieron cargo de los negocios familiares. Los conocimiento de economía que tiene Rodrigo se los debe a un máster en la universidad norteamericana de Berkeley, a finales de los sesenta. De regreso a España y al inicio de la democracia, Manuel Fraga le tienta e ingresa en Alianza Popular, donde llegaría a ser la gran esperanza para la derecha no franquista, con estudios e idiomas que aspiraba a gobernar. Y casi lo consigue si no le hubiera negado dos veces Aznar como sucesor.

Nada más llegar a la cúpula del PP (1990) consigue su primer pelotazo en esa zona confusa entre política y finanzas: vendió a la ONCE la cadena de emisoras de radio fundada por su padre, por 500 millones de pesetas. Muñidor del pacto entre Aznar y Jordi Pujol (1996) para que el primero completara su insuficiente mayoría para gobernar, Rato fue un todopoderoso vicepresidente económico -«el mejor de la historia», según Aznar-, pero las sombras de sospecha no tardaron en aparecer.

En el 2000 se vio envuelto en el caso Gescartera, una sociedad intervenida por la CNMV por una estafa de 20.000 millones de las antiguas pesetas. No solo no dimitió sino que el PSOE cuando llegó al poder en el 2004 lo envió al Fondo Monetario Internacional (FMI) donde su gestión tampoco gustó.

Al regresar a España entró a trabajar en Lazard. La Audiencia Nacional investiga ahora un pago de 6,2 millones que el banco de inversión habría pagado a Rato en una cuenta en el extranjero. Y de ahí a Bankia, un caso en el que está imputado y que le ha obligado a presentar un aval de 3 millones como fianza.