Rajoy ultima el pulso legal

eran las 19.50 horas de ayer cuando la Moncloa remitió un comunicado inesperado a la prensa: «El Gobierno inicia los trámites para impugnar la consulta alternativa del 9-N puesta en marcha por la Generalitat de Catalunya». A esa hora, en las redacciones, se estaban terminando de cerrar las piezas principales del día que, inevitablemente y por enésimo día consecutivo, se centraban en la corrupción. Esta vez en una trama nueva integrada por varios políticos del PP, algunos del PSOE, un independiente y empresarios de la construcción. En eso estaba el foco mediático colocado  -en vísperas de que el exsecretario general de los populares Ángel Acebes declare hoy como imputado en la Audiencia Nacional- cuando llegó otra potente noticia desde el Ejecutivo central. El recurso contra el sucedáneo de consulta o «proceso participativo», como lo llama Artur Mas, está en el horno. Y se ha solicitado al Consejo de Estado informe al respecto con carácter de urgencia.

«El presidente del Gobierno ha recabado esta tarde al Consejo de Estado el informe preceptivo previo a la impugnación ante el Tribunal Constitucional del conjunto de las actuaciones que ha puesto en marcha la Generalitat de Catalunya para la celebración, el 9 de noviembre, de una consulta bajo la denominación de proceso de participación ciudadana», se señala en el citado comunicado gubernamental.

INFORME DE LA ABOGACÍA / En ese escrito, que únicamente tiene dos párrafos, se especifica que el presidente del Gobierno ha solicitado que el dictamen del órgano asesor sea emitido «con carácter de urgencia» a fin de que sea posible autorizar, en su caso, el acuerdo de impugnación en el Consejo de Ministros del viernes.

Se da la circunstancia de que, hace apenas cuatro días, el presidente Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunciaron que habían reclamado a la abogacía del Estado un informe jurídico orientado a saber si alguno de los pasos que había dado Mas hasta el momento por un 9-N alternativo (una vez desechada  la idea de un referéndum  soberanista frenado desde el Constitucional) era recurrible. Anoche, desde el Ejecutivo central no se aclaraba si la decisión de ir al Consejo de Estado respondía a que ese informe jurídico estaba listo y se había entregado a Rajoy confirmando indicios de posible inconstitucionalidad en algún hecho concreto o si, de forma repentina, se había optado por solicitar el informe al máximo órgano consultivo del Gobierno sin esperar a que la valoración de la Abogacía llegue a la Moncloa.

Tampoco Sáenz de Santamaría despejó esta incógnita en las declaraciones que hizo a última hora de ayer, aprovechando un acto público que tenía en agenda. «El presidente ha firmado esta tarde una petición de informe al Consejo de Estado para iniciar los trámites de impugnación de la consulta del 9 de noviembre. Consideramos que es contraria a la Constitución y que, además, perjudica a los derechos de los catalanes porque no tiene ni una sola garantía democrática», dijo la vicepresidenta.

De esta forma, la número dos del Ejecutivo daba un paso más y, por primera vez en varios días, pronunciaba la palabra «inconstitucional» para referirse al sucedáneo del 9-N.

CONFLICTO DE COMPETENCIAS / A partir  de aquí y dado que el president Mas aún no ha firmado ningún decreto de convocatoria o de otro tipo ligado a la nueva consulta (se ha llegado a plantear hacerlo el día 8 para dejar al Ejecutivo central sin tiempo para recurrir), cabe preguntarse qué puede impugnar el equipo de Rajoy.

Fuentes jurídicas explicaron anoche a este diario que, al menos de momento, no es imaginable que pueda presentarse un recurso de inconstitucionalidad por no existir un acto jurídico recurrible ligado a la  «consulta participativa». Lo que sí sería viable, dicen, es que el Ejecutivo central impulsase un conflicto positivo de competencias, un camino jurídico que permitiría a Rajoy pedir la suspensión de determinadas cuestiones como el funcionamiento de una página web vinculada al 9-N; la campaña  de publicidad o, a lo que el Gobierno da más importancia, el requerimiento de colaboración a los funcionarios, aunque se haya realizado de manera informal.

Fuentes gubernamentales insisten en que el papel que puedan desempeñar los trabajadores públicos de Catalunya en el proceso que prepara Mas es determinante para su éxito o su fracaso y que, precisamente por eso, es necesario advertirles de los riesgos que corren si se implican en un acato que, hasta el pasado viernes, era calificado como «antidemocrático» desde la Moncloa. Pero ayer se subió un escalón más y se tachó de «inconstitucional». «Se va a mantener vivo el pulso por la vía legal», avisan.