Rajoy traza un plan de emergencia para España

En el PP se da por hecho que Mariano Rajoy va a ganar las elecciones del 20-N. «A la tercera, la vencida, y cada día es más probable que por mayoría absoluta», apuntaba a este diario un dirigente popular. El equipo de Rajoy vive con indisimulada euforia la cuenta atrás para las elecciones, y eso pese a que su candidato es poco amigo de vender la piel del oso antes de haberlo cazado, seguramente porque ya ha probado la hiel política de perder unos comicios teniendo el viento de los sondeos a favor, como le ocurrió en el 2004.

Siete años después, las encuestas y el resultado cosechado por el PP en las autonómicas y municipales del pasado 22 de mayo apuntan a un cambio de signo en el poder, sorpresas mayúsculas mediante. Con esas perspectivas y a menos de cien días para la cita de las generales, la dirección popular asegura que si Rajoy gana afrontará su investidura en el Congreso de los Diputados ayudado de un documento que recogerá un «plan de emergencia» para España, para el que tiene pensado solicitar el respaldo público de la oposición, «aunque no lo necesite». Las mismas fuentes añaden que Rajoy tiene en la cabeza utilizar esa solemne sesión de la Cámara baja para transmitir, más allá de las fronteras españolas, la imagen de un país que comienza «un nuevo tiempo político» cuyas prioridades serán las reformas estructurales, la creación de empleo, la austeridad y un recorte «real» del gasto público que, «inevitablemente», despertará el rechazo «de una parte de los ciudadanos».

«Estamos preparados. Intuimos que los seis primeros meses del Gobierno de Rajoy serán los de mayor contestación social de la democracia», auguraba un relevante cargo público del Partido Popular.

PROGRAMA ELECTORAL Evitar dar publicidad a los detalles indigestos

Pero para llegar a esa sesión de investidura ansiada por los populares, antes deben superar una campaña en la que el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba no piensa ponérselo fácil, y sobre todo vencer en el único sondeo que es realmente importante: las urnas. De momento, Rajoy, que ayer se dejó ver en la plaza de toros de Pontevedra, apura sus vacaciones, mientras su equipo cocina a contrarreloj un programa electoral. En la sede del PP se revisan en estos días centenares de propuestas llegadas de los grupos del Congreso y el Senado y varios documentos internos para armar ese «proyecto de recuperación nacional» que permita sacar a España de la crisis.

El borrador de dicho programa está casi listo, aunque aún debe recibir el visto bueno del candidato y las aportaciones de expertos que, en septiembre y octubre, el PP piensa congregar en varias convenciones del partido. No obstante, los conservadores tienen claro que antes del 20-N solo exhibirán las líneas gruesas de su plan, evitando entrar en detalles indigestos que podrían poner en riesgo, dicen, la mayoría absoluta que creen al alcance de su mano.

LUCHA CONTRA EL PARO Hacia un contrato único, flexible y barato

Con independencia de cuántas medidas concretas incluya el programa, hay decisiones que ya están tomadas. Así, Rajoy quiere convertir la lucha contra el paro en elleitmotivde su mandato. Ya ultima una nueva reforma laboral y otra vuelta de tuerca a la negociación colectiva, dado que lo aprobado por el PSOE le parece insuficiente. El líder popular ve con buenos ojos un contrato único y flexible, con indemnización progresiva y ampliación del periodo de prueba en la empresa. A la CEOE le gusta la iniciativa. Los sindicatos, la detestan. Por eso, fuentes populares indican que lo más probable (que no lo definitivo) es que, en los primeros meses de la legislatura se aparque este polémico asunto, se prioricen los ajustes en el contrato de formación y se eliminen trabas para los contratos por obras y servicios y de prácticas -el modelo conocido en la calle comocontratos basura-, a fin de introducir en el mercado de trabajo con rapidez a los más jóvenes.

A eso, desea añadir un nuevo abanico de bonificaciones para empresarios en las cotizaciones a la seguridad social, además de una ley de emprendedores -que se beneficiarán de una rebaja de impuestos ad hoc- para asegurar la aparición de un millón de nuevos empresarios. «Si cada uno de esos empresarios crea tres puestos de trabajo, en breve habrá tres millones de parados menos», comentan en el PP. En lo que respecta a la negociación colectiva, los conservadores ven imprescindible abrir la puerta a los descuelgues, «luchar» contra el absentismo laboral y facilitar la revisión del convenio por acuerdo de las partes.

En todo caso, Rajoy ha explicado a sus colaboradores que la reforma laboral es parte esencial de su proyecto anticrisis, así como la elaboración de unos nuevos presupuestos durante el primer cuatrimestre de 2012 «con una estimación de ingresos realista», y el registro en el Congreso una ley de estabilidad presupuestaria cuya meta sea la imposición del déficit cero en todas las administraciones, aunque se establece una etapa de transición. Los populares planean fijar un techo de gasto y de endeudamiento y solicitar a comunidades a ayuntamientos una cifra «indicativa» de gasto financiero para próximos años, «de forma que se prevea el impacto que en los presupuestos tendrán temas como la dependencia o envejecimiento».

EL MODELO AUTONÓMICO Reforma de la LOFCA y de la financiación

Sobre la mesa de los populares están asimismo planes para adaptar a sus propios criterios la reforma financiera en marcha (se aboga por priorizar el saneamiento y las ayudas para eliminar el stock de viviendas que acumula la banca por impagos); las privatizaciones de empresas públicas; la cesión de la gestión de servicios públicos; la «revisión» de todos los convenios y subvenciones nominativas actualmente en vigor; el fomento de la colaboración público-privada como mecanismo para mantener viva la inversión en infraestructuras y la «obligación de extender la evaluación de la eficiencia a todo el gasto de la Administración, a poder ser mediante el análisis coste-beneficio».

En lo que atañe al modelo de Estado, el PP le da vueltas a un plan de reforma institucional que sirva para delimitar, «de forma precisa», el mapa competencial. Para ello, los populares consideran necesario reformar la LOFCA; «prohibir por ley las transferencias entre administraciones para finaciar partidas fuera de su competencia no contempladas en los modelos de financiación»; modificar la ley de haciendas locales y, a medio o largo plazo, aprobar otra ley de financiación autonómica que, advierten en el PP, dejará de «tirar de déficit». Los conservadores también son proclives a facilitar concesiones de avales estatales para emisiones de deuda autonómica y se han comprometido a facilitar el aplazamiento de las devoluciones que los gobiernos autonómicos tienen pendientes con el Ejecutivo central.

Rajoy aprobará, si gana, una ley de unidad de mercado y hará obligatorio presentar memorias de unidad mercantil para todos los actos normativos del Estado, comunidades y consistorios. Sin embargo, uno de los problemas más serios al que debe enfrentarse el modelo autonómico es el pago de la deuda sanitaria. El PP pretende elaborar «una cartera común de servicios» y un plan «de reequilibrio» que garantice la viabilidad del modelo. «Tendremos el estado del bienestar que podamos permitirnos», dijo hace unos meses Rajoy, el mismo que se ha comprometido públicamente y ante la prensa a no hacer recortes sociales.