Rajoy prohibirá que las menores aborten sin saberlo la familia

La intención del Gobierno, expuesta ayer por el presidente Mariano Rajoy, de modificar el artículo de la actual ley del aborto que no obliga a que las embarazadas de 16 o 17 años que intenten interrumpir una gestación a informar a sus familiares, es vista con enorme preocupación, y como un grave error, por parte de los especialistas del sector. La ley de interrupción del embarazo del 2010 autoriza que esas jovenes no informen a sus padres cuando viven en ambientes violentos en los que suceden frecuentes abusos o agresiones. Cuando concurren esas circunstancias, no obstante, el aborto debe contar con la aprobación de un profesional sanitario: la comadrona o el ginecólogo que conocen a la joven embarazada que quiere abortar.

«Las jovenes de 16 o 17 años que abortan sin informar a sus familiares son el sector más vulnerable de todo el colectivo de mujeres que solicitan una interrupción del embarazo -afirmó ayer Sílvia Aldavert, coordinadora de la Associació de Planificació Familiar de Catalunya, que agrupa a 110 profesionales-. Cuando se elaboró la ley del 2010, solicitamos que se incluyera la posibilidad de que no hubieran de informar a su familia porque conocemos las difíciles circunstancias de esas mujeres».

500 INTERRUPCIONES / En el 2013, fueron unas 500 las mujeres de 16 o 17 años que se acogieron a la opción de abortar sin informar a sus padres. Un 10% del total de las interrupciones solicitadas a esas edades. «Son un colectivo muy pequeño, pero, si se las obliga a informar a sus familias, muchas buscarán vías clandestinas para abortar -prosigue Aldavert-. Siempre son jovenes en situaciones muy graves, que sufren agresiones o abusos en sus familias. El Gobierno vuelve a tratar con superficialidad un tema muy complejo, que exigiría gran sensibilidad y tacto».

Las jovenes que mantienen una buena relación con sus padres, si quedan embarazadas y deciden abortar, ya comunican a sus familiares su intenión, advierte la doctora Elena Carreras, responsable de Obstetricia y Ginecología en el Hospital del Vall d'Hebron. «El problema que resolvió la actual ley es el de las embarazadas de esas edades que no pueden confiar en sus familiares -añadió Carreras-. Son mujeres en situaciones que exigen cuidado. Obligarlas a informar a sus padres es desconocer la realidad».

En algunas ocasiones, esas mujeres interrumpen su embarazo contando con la aprobación de la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA), bajo cuya custodia se encuentran.

La aprobación de este apartado de la ley del 2010 ya contó en su momento con el rechazo del actual partido en el Gobierno. El Ejecutivo de aquel momento, que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, incluyó por esa razón la obligatoriedad de que un representante de la Administración, o un sanitario especializado, ejercieran de tutor en la práctica de la joven que decide abortar.

«El tema mueve mucha demagogia, porque se trata de embarazadas muy jóvenes -afirma una comadrona que ejerce en un centro público barcelonés-. El Gobierno vuelve a actuar en nombre de un reducido sector ideológico, que posiblemente no ha conocido nunca las circunstancias en que viven las jóvenes sobre cuyas vidas van a decidir». Confían en que la idea decaiga .