Rajoy se prepara para afrontar el 2-O

La hoja de ruta gubernamental para hacer dinamitar el referéndum del 1-O lleva meses diseñada y, según sus patrocinadores, se va poniendo en práctica de forma metódica y quirúrgica. "Ni un desafío sin respuesta", resumen los que la conocen. Algunos de los colaboradores del presidente del Gobierno dicen que a estas alturas ya no descartan ningún tipo de actuación, "salvo perder los nervios o dejar abierta alguna grieta" por la que pudiera colarse una consulta por la autodeterminación. ¿Y la suspensión de la autonomía de Catalunya a través del artículo 155 de la Constitución? Tampoco. Y es que aunque insisten en que es el escenario "menos deseable de los posibles", advierten de que esa sería la salida probable en caso de que Carles Puigdemont no echase el freno "a tiempo" y terminase por apadrinar una declaración unilateral de independencia (DUI)declaración unilateral de independencia. Algo que en La Moncloa ya no se descarta que pueda ocurrir en las primeras jornadas de octubre y que ha sido motivo de análisis, se apunta por distintas fuentes consultadas por este diario, en algunas conversaciones mantenidas por Rajoy últimamente con otros dirigentes políticos.

"Si llegara el momento en que se declararan independientes, habría que dejar claro ante el resto del mundo que son entonces y legalmente más dependientes que nunca del Estado", sostiene alguna de las fuentes consultadas, recordando las consecuencias que de facto ya está teniendo la decisión del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, de intervenir las caja de la Generalitat al amparo de de la ley de estabilidad presupuestaria. O la toma del mando de los Mossos y, a la vez, el masivo despliegue de Fuerzas de Seguridad dependientes del ministerio de Interior para garantizar la seguridad ante las concentraciones "tumultuarias" en las calles.

No obstante los populares, obligados por la vertiginosa coyuntura, se preparan también para mover ficha en el campo del "diálogo" a partir del 2-O: admiten que el haber logrado el apoyo del PSOE de Pedro Sánchez para detener el referéndum conllevará la participación activa del PP en la comisión que, para abordar la crisis territorial, ya ha nacido en el Congreso de los Diputados. De fondo, una posible reforma de la Constitución; una propuesta de cambios estatutarios (en plural, porque el PNV no piensa desaprovechar la oportunidad que se va a abrir en este sentido) y una segura modificación de la ley de financiación autonómica. De este último punto será del primero que haya noticias frescas, dado que hace tiempo que un grupo de expertos trabaja en un borrador.

Urkullu, actor determinante en las negociaciones

Una vez pasada la fecha que el independentismo ha señalado en el calendario para celebrar el referéndum el equipo de Rajoy, según los planes diseñados en su mesa de trabajo, simultaneará los mensajes de "firmeza y defensa de la legalidad", las continuas llamadas a la convocatoria inmediata de elecciones en Catalunya –no ocultan como otros partidos constitucionalistas que les urge un relevo de dirigentes catalanes para poder reactivar la interlocución- y la apertura de algunas negociaciones en principio incómodas para los populares.

Dichas negociaciones pueden tomar más fuerza de la inicialmente prevista si se atiende a que los nacionalistas vascos, de la mano de Iñigo Urkullu, piensan empujar para que así sea. Sí, esos cuyos diputados en el Parlamento son imprescindibles para que Rajoy tenga presupuestos.  De hecho el consejo de ministros ya conoce cuáles son los anhelos de un lehendakari que hasta ahora no ha coqueteado con la independencia pero que piensa alzar la voz desde ya (este domingo es el 'Alderdi Eguna', fiesta de los peneuvistas, y se hablará del asunto) para reclamar cambios de enjundia como el "reconomiento nacional" de Euskadi  y "otras naciones" en el seno del Estado español; el establecimiento de una relación bilateral "efectiva" o el cumplimiento "íntegro" de estatutos como el de Guernika, además del aval para reformas estatutarias si procede que garanticen "un nuevo Estatus".

De momento y a tan solo una semana de la fecha clave, el Estado mira sin pestañear hacia Catalunya y sigue respondiendo ante la  determinación de Puigdemont y sus compañeros de viaje desmantelando la logística para la consulta (aún puede haber registros y confiscaciones pendientes, avisan). Desde el poder judicial se amparan detenciones de cargos del Govern y se impulsa ni más ni menos que una denuncia por sedición a raíz de las protestas y altercados -tumultos, según el ministerio de Interior y la Fiscalía- en las calles catalanas.  En este contexto el presidente Rajoy considera que, en la práctica, el referéndum ha muerto. Pero exige que el Govern certifique el fallecimiento ante la opinión pública para "pasar página".