Rajoy niega haber presionado al fiscal general para que renuncie

El Gobierno puso ayer a prueba su nueva política de comunicación que, en clave electoral, supone una enmienda a la totalidad a su costumbre de esconder la cabeza cada vez que un asunto turbio le salpica. Prácticamente por tierra, mar y aire, el Ejecutivo negó haber presionado al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para que tire la toalla. El propio presidente Mariano Rajoy rechazó en Bruselas, donde participa en un Consejo Europeo, haber intercedido para que renuncie. «Pase lo que pase y suceda lo que suceda, la posición del PSOE es siempre la misma: la culpa es del Gobierno. No voy a perder un minuto en responder a eso», señaló tras aseverar que el fiscal se marcha «por razones exclusivamente personales». El ministro de Justicia, Rafael Catalá, desvinculó, por su parte, su dimisión del encontronazo que mantuvo con el Gobierno al interponer la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por el 9-N. Catalá no mantenía buenas relaciones con un fiscal nombrado por su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, de quien también se había distanciado.

Pese a ello, aseveró que la dimisión le había pillado «por sorpresa» y, al igual que hizo el Ejecutivo en un comunicado laudatorio, destacó la «autonomía» con la que ha desempeñado su trabajo en defensa del Estado de derecho.

UNA MALA NOTICIA / Por contra, la oposición en pleno no dudó en interpretar la marcha de Torres-Dulce como un portazo de este tras las «presiones» recibidas, y después de que la actuación del Ejecutivo dejasen en entredicho su «independencia». Así, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, consideró la dimisión «una mala noticia». El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, fue más lejos al señalar, al igual que hicieron IU, ERC y UPD, que Rajoy le «ha hecho dimitir». Por ello, varios grupos, entre ellos CiU, solicitarán su comparecencia. El portavoz del grupo parlamentario catalán, Josep Antoni Duran Lleida, tachó la situación de grave en términos políticos porque en su opinión la renuncia obedece a las "desavencias" que Torres-Dulce mantuvo con el Gobierno, que quedaron patentes tras la consulta participativa del 9-N.