Rajoy mantiene el tono duro contra el 9-N a la espera del informe legal

Rajoy conversa con Montoro ante la mirada de Florianoy Valcárcel, ayeren Murcia.

Rajoy conversa con Montoro ante la mirada de Florianoy Valcárcel, ayeren Murcia.

XABIER BARRENA / BARCELONA

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En 10 días, el Gobierno, y su jefe, Mariano Rajoy, ha abandonado la displicencia, cuando no divertido menosprecio, con la que veía y comentaba el sucedáneo de consulta que Artur Mas planteó tras la suspensión del 9-N original. A cambio, y desde el viernes, coincidiendo con un realineamiento del frente soberanista, no tanto alrededor de Mas, sino de la idea de una gran movilización con urnas y papeletas, el Ejecutivo central ha iniciado una operación de fuego de artillería continuado para hostigar las posiciones soberanistas, en espera de la ayuda aérea, es decir, de que lleguen esos informes que se han encargado a los servicios jurídicos del Estado, como primer paso para recurrir el nuevo 9-N. Rajoy, ayer en Murcia, reanudó el fuego verbal iniciado en Bruselas 36 horas antes. A falta, de momento, de base legal donde acogerse, después de que Mas haya emprendido algo parecido a una actividad de guerrilla de características casi norvietnamitas ("tenemos que engañar al Estado", dijo en una de las cumbres proconsulta, como ayer explicó este diario), Rajoy emplea y empleó el verbo grueso: acusó a Mas de actuar de manera "mezquina" por trasladar "la responsabilidad" de la realización del proceso participativo "a los funcionarios, que no tienen por qué soportar una situación como esta".

La clave quizá radica en lo que el propio presidente dijo en el cierre de la convención intermunicipal del PP: "No sé que es lo que se pretende hacer ahora, pero tengo la sensación de que lo que estoy viendo es un acto profundamente antidemocrático". Es decir, las acciones de Mas, y aun más, sus inacciones (aquello de no firmar ninguna convocatoria hasta el 8 de noviembre) causa cierto desconcierto en Madrid. Otro apunte es la reiteración de lo presuntamente "antidemocrático" que es este nuevo 9-N. En la primera consulta, se llegaba a ese epíteto por no respetar la legalidad. Ahora es el acto mismo. Sorprendería que los informes jurídicos llevaran la contraria a Rajoy. Y él parece que lo tiene claro: "En España, al menos mientras yo sea presidente del Gobierno, se va a cumplir la ley", dijo antes de asegurar que no iba a haber ningún referéndum.

CAMBIO DE ACTITUD

Sea como sea, el cambio de actitud el Gobierno es evidente. Difícil saber por qué, pero sí se puede inventariar lo sucedido en esta semana y media, que ha sido, primero, un acercamiento, si se quiere estético, pero acercamiento entre Mas y Oriol Junqueras, precisamente, sobre el nuevo 9-N; segundo, el apoyo de las entidades, sindicatos y patronales al proceso participativo. Así como el de la única fuerza del frente proconsulta (ICV-EUiA) que no lo había hecho ya. Y tercero, la imputación de Ángel Acebes, la salida de Rodrigo Rato (con el propio Rajoy, la guardia pretoriana de José María Aznar) y las informaciones de pagos de la reforma de la sede del PP con dinero b.

PREPARANDO LAS MUNICIPALES

En un cónclave ya enfocado a las próximas elecciones municipales de mayo, en que el objetivo era fijar ideas claras y comunes a los alcaldes y concejales de toda España, Rajoy retornó también a varias de las afirmaciones hechas en estos dos años de proceso soberanista. Oraciones en las que ya no se asoma el triunfalismo que recorrió las estructuras del Estado tras la ruptura de la unidad del frente proconsulta. Por ejemplo, cuando aseguró que una de las "señas de identidad" del PP es la defensa de la nación española y recalcó que "nunca" va a renunciar a esa defensa. También acudió a los lazos afectivos que unen a Catalunya con el resto de España y subrayó los logros alcanzados en los últimos 50 años.

Como broche, el jefe del Ejecutivo utilizó un sorprendente argumento, propio de otras épocas, al destacar que España es toda una potencia turística: "No seremos tan malos cuando más de 60 millones de turistas vienen a vernos".