Rajoy inicia la campaña

Se terminó, dice. En España "la crisis ya es historia" y las que están por llegar serán "las navidades de la recuperación", según palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pronunciadas en un foro con empresarios relevantes. Para la oposición, tal aseveración está fuera de lugar, cuando no resulta ofensiva, dadas las aún insoportables cifras del paro, mientras que para algunos compañeros de filas del propio Rajoy, como es el caso del presidente del Congreso, Jesús Posada, suena un poco "exagerada".

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, trató este viernes de respaldar la tesis de su jefe exhibiendo un puñado de datos macroeconómicos y matizando que, en todo caso, "queda por hacer". Pero es evidente que Rajoy da por concluida una etapa; justo cuando se cumplen tres años de su mandato, están a punto de aprobarse los que pudieran ser los últimos presupuestos de la legislatura (si no se retrasan unos meses las generales que tocan en noviembre próximo) y suenan tambores electorales de su partido por la llegada de las autonómicas y municipales, se ha puesto nuevos objetivos: que los populares comuniquen "más y mejor" y se esfuercen por sacarle rentabilidad política a la hipotética recuperación. Además, él mismo debe hacer frente a la desconfianza con la que sus barones observan cualquier movimiento del Gobierno respecto a Catalunya, tras el 9-N, que pueda leerse en otras autonomías como un agravio.

De hecho, Rajoy ha convocado este mismo sábado a sus presidentes autonómicos y regionales, además de otros dirigentes y cargos populares en Segovia, a fin de celebrar un acto de partido ligado a la "unidad" de España y a la vigencia de la que, a su entender, goza aún la Constitución, que otros, como el PSOE, pretenden reformar para buscar una salida a la crisis soberanista, entre otras cosas.

'DECLARACIÓN DE LA GRANJA'

 En este acto, además de escenificar un cierre de filas con Rajoy -el presidente ha tenido que insistir esta semana en que quiere presentarse a las generales de nuevo, a fin de disipar dudas internas-, se aprobará un manifiesto en defensa de la Carta Magna y en clave unionista. Esto es, se pondrá en negro sobre blanco lo que a partir de este sábado se conocerá como 'la declaración de La Granja' y que servirá a los futuros candidatos del PP a las autonómicas y municipales para vender en sus respectivos territorios que el Ejecutivo de Rajoy no se moverá en clave territorial: que ni permitirá jamás una consulta ni se sumará a los planes de reforma de la Constitucional que ha puesto en marcha el socialista Pedro Sánchez. Al menos, en esta legislatura en la que goza de mayoría absoluta y que piensa apurar.

Es previsible que en este mismo acto y en otros que Rajoy piensa celebrar con el partido insista en algo que ya dijo en la última Ejecutiva del PP: la necesidad de "mejorar" la comunicación y la explicación de sus políticas (sobre todo económicas) ante la opinión pública. Ya ha habido algunos cambios. El presidente ha elegido a un veterano político, Alfonso Alonso, como titular de Sanidad -aunque habla con los medios asiduamente y de casi todo, prácticamente como un segundo portavoz gubernamental-. A eso hay que sumar que ministros y dirigentes populares han doblado, si no triplicado, el número de entrevistas que conceden diariamente a la prensa, con atención a programas televisivos de gran audiencia en las mañanas o en formato sábado noche.

DEBATE SOBRE SUELDOS

Es indudable que los partidos, ahora también el PP, están buscando los escaños que puede dar la tele después de ver el resultado que la exposición pública le ha dado un Podemos que sigue barriendo en las encuestas. Ejemplo de última hora: el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha aparecido en las pantallas en los últimas horas más que en el resto de legislatura para promocionar el nuevo portal de transparencia, ese en el que se ha podido comprobar que en España se gana más por ser secretario de Estado que ministro o presidente del Gobierno.

Por cierto, que el debate de los sueldos y la brecha salarial entre los que mandan en los ministerios y sus colaboradores ha hecho mella, pese a que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, ayer, confirmó que no entra en sus planes ni subir el sueldo a los ministros ni bajárselo al resto, recordando que ya hubo recorte para los responsables de las empresas públicas en esta legislatura.