Rajoy espera que Mas deje el 9-N en manos civiles

El Gobierno de Mariano Rajoy sigue esperando que Artur Mas acate la resolución del Tribunal Constitucional, que el martes suspendió la consulta alternativa del domingo. La posibilidad que se ve más factible en la Moncloa es que el 'president' deje en manos de entidades privadas cuanto antes la organización de una posible votación sobre la independencia de Catalunya.

«Si eso (la consulta) lo hace una entidad privada, es otra cosa (...) La resolución del Tribunal Constitucional afecta a los poderes públicos», aseguró ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que le marcó una salida a la Generalitat que no está exenta de dificultades, ya que algunas organizaciones, como la Assemblea Nacional Catalunya (ANC), han dejado claro que no están dispuestas a asumirlo ya que aspiran a que sea la Administración catalana la que lo haga. No obstante, Mas tiene previsto reunirse el viernes con el coordinador del Pacte Nacional Pel Dret a Decidir, Joan Rigol, que ayer se ofreció a ayudarle en «todo lo que pueda», incluso asumir las funciones que sean necesarias para que el 9-N se celebre. Esta plataforma reúne a medio centenar de entidades proconsulta.

CERRAR LA WEB

En declaraciones a Onda Cero, el ministro del Interior se mostró seguro de que Mas acabará echando el freno a la organización del proceso y le recordó que debe cerrar la web participa2014, «no puede habilitar locales públicos» para instalar las urnas y debe dejar de dar información que tenga como objetivo hacer realidad la votación.

«Cosa distinta -añadió-, pero eso tiene el valor jurídico que tiene y el valor político que tiene, es que otras instituciones privadas decidan hacer una consulta. Es como si el club de rabassaires o cualquier otra entidad privada decide hacer una consulta, pero los poderes públicos no pueden seguir adelante», declaró ante los micrófonos Fernández Díaz.

EL PAPEL DE LA POLICÍA AUTONÓMICA

El ministro del Interior se mostró confiado en que los Mossos d'Esquadra «no van a garantizar con su presencia un proceso que el Tribunal Constitucional ha considerado ilegal».

Según fuentes gubernamentales, «la comunicación fluida» entre la policía autonómica y los altos cargos del Ministerio del Interior da «tranquilidad» al Ejecutivo central. El 'conseller' de Interior y secretario general de Unió Democràtica, Ramon Espadaler, ha dicho en diversas ocasiones que los Mossos «cumplirán y harán cumplir la ley», dando por hecho que si les llega una orden judicial para que retiren las urnas lo harán.

Ya está el antecedente del pasado mes de mayo cuando, coincidiendo con las elecciones europeas, la CUP y varias entidades sociales quisieron preguntar a la ciudadanía sobre el uso de alimentos transgénicos, la deuda pública y proyectos como el macrocomplejo de ocio BCN World. Los agentes autonómicos intervinieron y retiraron las urnas. Los Mossos recibieron la orden de quitar las mesas después de que el Tribunal Supremo confirmara la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir la iniciativa.

Fuentes del Ejecutivo central subrayan que son conscientes del impacto que tendría esa imagen el 9-N en las primeras páginas de los periódicos de todo el mundo -teniendo en cuenta que la consulta será una de las noticias internacionales de ese día- y afirman que el único objetivo de Rajoy es «hacer cumplir la ley con mesura y con lógica».