La velocidad del calendario político y económico de España no da respiro a ninguna Administración, sobre todo a las autonomías. En solo cinco días, se ha sabido que la Comunidad Valenciana, Murcia y Catalunya no tienen capacidad de hacer frente a los vencimientos de su deuda y están dispuestas a acudir al Fondo de Liquidez Estatal (FLA), una reserva que se parece tanto al mecanismo utilizado por Bruselas que es imposible no llamarlo de rescate. "No entiendo cómo no han intentado que, como mínimo, no se parezca en la manera de gestionarse, en el nombre... Es un error clamoroso. La España rescatada tiene que rescatar ahora a sus regiones", se quejaba esta semana el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una conversación informal.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los presidentes autonómicos y líderes regionales del PP, el pasado abril, en la sede nacional del PP. EFE / SERGIO BARRENECHEA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, puso en el punto de mira a las autonomías nada más llegar a la Moncloa y, pese al déficit oculto que, en mayo, desvelaron dos comunidades del PP, Madrid y Valencia, el jefe del Ejecutivo intenta mantener la presión sobre sus cuentas con la ayuda del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, especialmente áspero con algunas capitales.

La sombra del rescate

Mientras el Gobierno espera con ansiedad la reunión del jueves del comité de política monetaria del Banco Central Europeo (que se puede decidir a usar algunas herramientas a su alcance para calmar el acoso de los mercados a España e Italia) y la sombra del rescate total sigue sobre España, Rajoy continuará esta semana su misión de apremiar a las comunidades a que cumplan los objetivos del déficit: el 1,5% para este año y el 0,7% para 2013, en lugar del 1,1% que tuvieron en cuenta en mayo al elaborar sus planes de ajuste.

Según fuentes del Gobierno, el presidente cree que ha "encarrilado" los tres grandes problemas que España tiene a ojos de Bruselas: la insolvencia de parte del sector financiero, el déficit autonómico y la rigidez del mercado de trabajo. Pero Rajoy, añaden esas fuentes, no quiere bajar la guardia en el control de los desajustes presupuestarios de las comunidades, sobre todo después de ver cómo, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el 12 de julio, cuatro autonomías (Catalunya, Asturias, Canarias y Andalucía) votaron contra esa nueva hoja de ruta del déficit y dos (Extremadura y Castilla y León, del PP), se abstuvieron.

Más margen

Esos seis territorios juzgaron injusto que la UE dé un año más de margen a España para reducir el déficit general y la Administración central no comparta ese alivio con las autonomías y les permita algo más de tiempo para hacer recortes. Por eso, antes de la reunión del CPFF del martes, Rajoy ha querido reunir, este lunes, a sus barones, gobiernen o no, en la sede del PP para aleccionarles. "O cumplimos con los objetivos de déficit o no hay salida de la crisis", dijo tajante la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el viernes.

Según fuentes de Hacienda, en el consejo se fijarán los objetivos de déficit y de deuda de cada autonomía para el 2013. Ayer, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, aseguró que la reunión de mañana de los líderes autonómicos del partido servirá para cerrar filas con Rajoy y enviar una señal inequívoca a las instituciones europeas.

El jefe del Ejecutivo también se verá mañana con el presidente andaluz, José Antonio Griñán. Rajoy le recibirá en el Palacio de la Moncloa, donde el líder socialista le podrá plantear los 5.000 millones de euros que, a su juicio, debe el Gobierno a Andalucía por incumplir con la financiación autonómica y las previsiones de inversiones del Estatuto.

El impacto en el exterior

El Ejecutivo está preocupado por el impacto que la petición de ayuda de la Comunidad Valenciana, Murcia y Catalunya ha tenido en el exterior y, por eso, ha decidido que, después de que Montoro sacara tarjeta amarilla a ocho comunidades en la última cita con los consejeros económicos, se dé margen a las capitales para corregir los problemas y se evite que alguna tenga que ser advertida por el Consejo de Ministros, el primer paso de un proceso que puede llegar hasta la intervención.