Rajoy activa su plan para reordenar los municipios

Mientras el Gobierno prepara su segundo gran ajuste presupuestario en poco más de medio año, el Consejo de Ministros dará hoy el primer paso para aprobar la reforma de la ley de bases de régimen local, que supone la ordenación de las competencias de los ayuntamientos. Los ministros estudiarán un informe con las modificaciones legales en las que se aclararán a qué están obligados los consistorios y las entidades locales, con el objetivo de eliminar duplicidades y garantizar su financiación. Según los cálculos del Ejecutivo, la eliminación de las llamadas competencias impropias supondrán como mínimo un ahorro de 3.500 millones de euros el año próximo. El PSOE advirtió ayer de que llevará al Constitucional la modificación de la ley por considerar que vulnera varios artículos de la Carta Magna, porque no supone un ahorro significativo y abre la puerta a privatizar servicios municipales.

El Gobierno y el principal partido de la oposición se reunieron en varias ocasiones estas últimas semanas para abordar esta reforma normativa y encontrar una solución a la inviabilidad económica que sufren casi la mitad de los 8.116 municipios españoles. Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso, Hacienda ya amenazó la semana pasada con llevar adelante el proyecto aunque fuera sin el apoyo de los socialistas.

20.000 HABITANTES / Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo quiere potenciar las diputaciones provinciales, que serán las encargadas de gestionar los servicios obligatorios en los municipios de menos de 20.000 habitantes que no puedan desarrollar esas tareas.

Además, el Gobierno tiene previsto eliminar las 1.032 mancomunidades que existen en España. Estas entidades locales, creadas por la asociación voluntaria de dos o más municipios para la ejecución de obras y servicios de carácter municipal, son vistas por el Gobierno como administraciones opacas y como estructuras paralelas a municipios y diputaciones.

Respecto a la fusión de municipios, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que ha supervisado la reforma de la ley de bases de régimen local, ha asegurado que el Gobierno no presionará a ningún ayuntamiento. No obstante, el Ejecutivo puede empujarles a hacerlo al marcar una «masa crítica» mínima de población para poder dar un servicio. Por ejemplo, un pueblo de 7.000 habitantes podrá a partir de ahora optar entre que determinado servicio se lo facilite la diputación provincial que tiene a un centenar de kilómetros o bien fusionarse con los municipios vecinos para alcanzar el umbral determinado de población que marque la ley y poder asumir esa tarea.

Esta reforma que tiene previsto hoy aprobar el Consejo de Ministros según varias fuentes, no supondrá un ahorro sustancial a ojos de los socialistas, aunque con ella el Gobierno inicia la reforma de las competencias de las administraciones y la eliminación de las duplicidades, una obsesión particular del presidente, Mariano Rajoy.

CUMPLIMIENTO DE LAS AUTONOMÍAS / Las comunidades, otro de los caballos de batalla del Ejecutivo, también fueron advertidas ayer sobre la obligación de cumplir el objetivo de déficit público para este año (1,5%). La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó a las autonomías que Hacienda puede «enviar una delegación» para controlar los desfases presupuestarios si se resisten a continuar con los recortes, una medida de presión que incluso le recomendaba en su último informe el Fondo Monetario Internacional.

La número dos del Ejecutivo, que ayer pronunció una conferencia en el Campus Faes (instituto de pensamiento del PP), instó a las comunidades a cerrar empresas públicas que dependen solo de ellas y les ha dicho que el Estado ya ha suprimido 80.

Sáenz de Santamaría anunció que el Ejecutivo cambiará la ley para poner un «baremo» para fijar los salarios de los alcaldes y concejales (y adecuarlos al tamaño del municipio) y poder hacerlos públicos al igual que ocurre con los sueldos del presidente y los ministros. La vicepresidenta también explicó que el Gobierno implantará una central de compras única para toda la Administración, para conseguir «precios razonables».