¿Quién pone el cascabel al gato?

«Nuestra misión es garantizar el cumplimiento efectivo por las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria». Este es el lema de la AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, organismo creado a instancias de la UE y que tiene la misión de informar de las posibles desviaciones presupuestarias. Todo con el objetivo europeo de reducir rápidamente el déficit público al 3% del PIB. Para el 2015 el pacto con Bruselas es bajar el déficit conjunto de todas las administraciones (Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos) del 5,8% al 4,2% del PIB.

Al frente de la AIRef, nombrado por el Gobierno pero con algún consenso con Bruselas, está José Luis Escrivá (Albacete, 1960), que hasta su designación a primeros del 2014 era director para América del Banco Internacional de Pagos (el banco central de los bancos centrales) de Basilea. Con anterioridad fue economista jefe del BBVA, quizás el más respetado servicio de estudios privado. Y ahí llegó tras la dirección de la división de política monetaria del BCE. El primer encuentro a fondo con Escrivá en sus nuevas funciones fue hace unos meses en el Palau de Pedralbes, en un receso de un coloquio internacional. Le encontré preocupado por la economía, por el déficit público y por la labor del nuevo ente que presidía: controlar desde la Administración, pero desde un órgano independiente, el déficit e informar de cualquier posible desviación. Volví a verlo el pasado viernes 10 en su despacho de Madrid. Le encontré con la misma preocupación... pero algo más relajado.

El FMI todavía no había subido al 2,5% su previsión de crecimiento del PIB, pero Escrivá aseguró que el PIB crecía ya a un ritmo del 1% trimestral y que el anual incluso podía superar el 3%. Motivo: la conocida acumulación de estímulos fuertes: fin de la restricción financiera y mucha liquidez, reducción al 50% del precio del petróleo, depreciación del euro que favorece las exportaciones...

Enfoque nuevo. Antes de la crisis, las familias ahorraban un 9% de su renta, pero se endeudaban un 14% en hipotecas. Tenían así un saldo negativo del 5%. Durante la crisis mantuvieron ese 9% por miedo al futuro (dato sorprendente) y dejaron de endeudarse. Ahora empiezan a perder miedo al futuro y como siguen sin comprar pisos tienen más capacidad de consumo. Por eso la demanda interna está creciendo con más vigor del esperado.

Le digo que veo a Cristóbal Montoro mucho más suelto. Con más crecimiento y menos intereses el objetivo de déficit puede ser pan comido. ¿Por qué, pues, en su informe sobre los presupuestos del 2015 califica al objetivo de déficit de «muy exigente»? Dice que bajar del 5,8% al 4,2% con un paro superior al 20% es siempre muy exigente. Los ingresos previstos son más razonables gracias al mayor crecimiento y puede haber menos gasto en seguro de paro (se crea empleo) y menos carga financiera por la caída de los tipos, pero... el Estado se va comiendo sus holguras. Ha creado una nueva prestación de desempleo que puede costar 1.000 millones, el préstamo sin interés del FLA a las comunidades autónomas son otros 2.500 millones... Me huelo que «muy exigente» quería decir hace poco «casi imposible» y que ahora fuerza a saber resistir las tentaciones de gasto suplementario en un año electoral.

Eso en el subsector Estado. Los ayuntamientos pueden bajar el déficit total porque están en superávit, pero el déficit de la Seguridad Social va al alza -pese a una buena ley de pensiones- porque la inflación negativa implica más gasto en términos reales. Un 0,25% de subida de las pensiones es un descenso real si la inflación es del 2%, pero es un aumento si cae al -1%.

Cuesta entender que los ayuntamientos tengan superávit y las comunidades vayan a reducir muy poco el déficit del 2014 (1,7% del PIB) cuando el objetivo baja del 1% al 0,7%. Los ayuntamientos respetan la regla de gasto porque los interventores (responsables penalmente) impiden un aumento del gasto mayor a la tasa fijada. Muchos alcaldes con superávit se quejan, pero Hacienda no cede.

En las autonomías todo es más laberíntico. Aquí, la financiación es más una acumulación de parches que un sistema, la situación de unas comunidades es distinta a la de otras, la regla de gasto no se respeta, las cuentas no siempre son homologables, hay poco margen de reducción del gasto porque el de sanidad y educación es muy rígido, debe haber una incapacidad financiera estructural respecto a las competencias asumidas, el Estado no se siente con la suficiente fuerza moral para castigar coercitivamente a comunidades como Valencia o Castilla-La Mancha con un descontrol intolerable...

Hay que adecuar la financiación al gasto que exigen las competencias reales y luego imponer disciplina. Y la deuda de algunas autonomías -Catalunya, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha- es insostenible. Ni con los tipos de interés actuales, que son muy bajos y no serán eternos, pueden salir al mercado y financiarse. El Estado se convierte en banco acreedor permanente y no es una vía sostenible.

Pero Escrivá no es pesimista. Cree que hay que imponer la racionalidad: adecuar los ingresos de las comunidades a las responsabilidades. Y que el coste de esta adecuación es manejable. El problema es quien, cuándo y cómo le pone el cascabel al gato.