¿Quién pagaría las becas y los medicamentos?

Es un hecho reconocido por los técnicos que impulsan las estructuras de Estado en Catalunya que, lograda la independencia sin acuerdos con el Estado español, se entraría en un periodo que, citan, se prolongaría entre "cinco y siete años", en el que los ingresos y la liquidez financiera serían notoriamente inferiores a los actuales, un lapso en el que, prosiguen, la vida de los ciudadanos empeoraría, para después, hipotéticamente, mejorar, dada la capacidad de autofinanciarse de que dispondría el país una vez alcanzara la velocidad y la solidez adecuadas.

Esto sería especialmente perceptible en las áreas que definen el Estado del bienestar: sanidad y educación, los dos sectores más afectados por los recortes presupuestarios impuestos por la Generalitat en los últimos cuatro años. Teniendo en cuenta que los profesionales que ejercen en los centros sanitarios del Institut Català de la Salut (ICS) han perdido en los últimos cinco años el 24% de su salario y que quienes atienden en el sector concertado han visto mermados sus beneficios entre el 10% y el 15%, es de suponer que la exigencia de más sacrificios atentaría contra la capacidad de resistencia del sector y podría hacer estallar una estructura que, en los últimos años, se ha reconocido como "extremadamente tensionada", sostenida por la profesionalidad y el buen hacer de los sanitarios que en ella ejercen, pero difícil de mantener mucho tiempo más si no se avista una mejora.

Algo muy parecido ocurre en el sector de la enseñanza, donde la pérdida salarial media ha sido del 20% y, al igual que en el sanitario, los profesionales se declaran al límite de su tolerancia. "Los profesores han demostrado, durante los recortes, su capacidad de resistencia, han hecho un esfuerzo ingente para que la crisis no se trasladara a sus alumnos", dice Joan Maria Girona, de la asociación pedagógica Rosa Sensat.Si, a consecuencia de la independencia, el personal sanitario y educativo hubiera de sobrevivir durante un incierto periodo no inferior a los cinco años con un salario peor que el de los años de la crisis, es fácil aventurar que se sucederían las tensiones y protestas.

DESABASTECIMIENTO

En Catalunya ejercen en la actualidad 38.900 médicos y 49.500 profesionales de enfermería. El presupuesto por habitante y año destinado a la sanidad es de 1.120 euros -en el 2010 fueron 1.320 euros-, uno de los más bajos de España. El presupuesto del departamento de Salut es ahora 1.400 millones de euros inferior al del 2010. Ensenyament ha perdido un 16,6% de presupuesto en el mismo periodo. Los expertos consultados del sector sanitario que mantienen una actitud crítica ante un eventual paso a la independencia se pronuncian siempre de forma anónima y son poco propensos a adentrarse en un asunto que, confiesan, apenas han desarrollado. "Es que la independencia no se dará", sintetiza Núria Segú, diputada responsable de Sanidad en el PSC.

La mayor preocupación entre quienes observan de forma crítica la posibilidad de la independencia catalana viene de la financiación. Desde el 2001, cuando la ley general de sanidad universalizó la asistencia y esta dejó de estar vinculada a las cotizaciones laborales a la Seguridad Social, los servicios sanitarios españoles pasaron a ser sostenidos económicamente por los impuestos generales distribuidos a través del sistema de financiación autonómica. Las transferencias a las comunidades se completaron en el 2005. Catalunya las recibió en 1981.

Tal vez por esa razón, los especialistas consultados vinculados al sector sanitario, o a la Generalitat, dan por hecho que, en el momento de acceder a una hipotética independencia, la sanidad pública correría "la misma suerte" que el Gobierno catalán en su conjunto, que dependería de la recaudación directa de los impuestos de los catalanes. El periodo de transición inmediato a una hipotética independencia, no obstante, dejaría en situación de inseguridad financiera a las empresas que suministran e innovan el costoso material médico y quirúrgico que nutre la red asistencial. Los retrasos en sus cobros (situación que han conocido en el último quinquenio) resultarían difícilmente tolerables, lo que podría conducir a un desabastecimiento, tanto de instrumental y tecnología médicos como de fármacos.

Paradójicamente, aunque los 8.300 millones de euros que sustentan el presupuesto de la sanidad pública catalana y los 4.440 millones que tiene asignada la educación no universitaria constituyen más del 60% del gasto total de la Generalitat, el 'Llibre blanc de la transició nacional', el compendio de las condiciones en que Catalunya reiniciaría su andadura una vez alcanzada la independencia, apenas alude a la fórmula de financiación que nutriría a esas dos importantes áreas prestadoras de servicios básicos. Ambas han sido, como ha quedado dicho, las carteras más castigadas por los recortes de los últimos años, tanto por el Gobierno central como por la Generalitat. "Por razones ideológicas más que financieras", apuntan algunos defensores del Estado del bienestar.

Sí cita el libro blanco aquellas partidas sanitarias que no fueron transferidas en 1981 desde el Ejecutivo central: la atención sanitaria de los militares destinados en Catalunya, en concreto. En el caso de la educación, el documento apenas dedica dos menciones: la primera, para confirmar que el castellano seguiría siendo lengua de uso en el nuevo Estado catalán y que, por tanto, la escuela mantendría "el reconocimiento y el derecho de uso" de este idioma. La segunda, para constatar que sería "necesario crear estructuras de gestión del programa europeo Erasmus" y habilitar mecanismos para rehacer los convenios que garanticen la continuidad de proyectos comunitarios, como la red Eurydice y otros programas de intercambio de estudiantes y profesores y de aprendizaje de idiomas.

BECAS Y TÍTULOS

"En los foros que se están celebrando para debatir sobre cómo debería ser una Catalunya independiente, la educación siempre se vincula a otras áreas, ya sea a la cultura, porque la escuela es vista como una cuestión identitaria, ya sea a la economía, porque en ella se forma la futura mano de obra", lamenta Enric Prats, profesor de la Universitat de Barcelona (UB), que constata que los promotores de la independencia "están dando por sentado que los docentes seguirán adelante con su trabajo, por compromiso personal, independientemente del marco jurídico o institucional en que se hallen".

En todo caso, si se produjera la separación de España, al Gobierno de la hipotética República catalana le tocaría buscar la fórmula para dar validez a los títulos de graduado escolar de los alumnos que terminasen la educación obligatoria (ESO) durante el periodo de transición, lo que afectaría a unos 60.000 jóvenes en cada promoción. Ahora, la concesión de estos títulos, que abren la puerta a la educación posobligatoria (incluido el bachillerato internacional), compete al Gobierno central.

También son competencia estatal las 43.000 becas (51,2 millones de euros) que reciben otros tantos estudiantes catalanes de primaria, secundaria, bachillerato, FP y educación especial, y las 72.500 de los estudiantes universitarios, que se reparten 122 millones. Los partidarios de la independencia consideran que el Ministerio de Educación cumpliría con el compromiso de pago que contrae en el momento en que concede una ayuda y abonaría los importes pendientes a los estudiantes, aunque en esto el Gobierno central tendría la última palabra. Con una Catalunya independiente, "habría que ver cómo mejorarían las becas en el nuevo sistema educativo catalán, habida cuenta que ahora solo el 25% de los menores de 16 años bajo el umbral de la pobreza tienen acceso a las becas de comedor que otorga la Generalitat", observa Francesc Imbernón, catedrático de la UB.

Experto en el sistema educativo, Imbernón se pregunta qué ocurriría con la asignatura de Religión, que se imparte de acuerdo con el concordato entre España y el Vaticano de 1979 y que, por lógica, ya no afectaría a la hipotética República catalana.