El referéndum, una piedra en el zapato del PSC

El 1-O ha sembrado agitación en el PSC, que aún tiene muy presente la profunda herida que provocó el debate sobre el derecho a decidir, zanjado con la dolorosa salida del sector más catalanista del partido. A diferencia del 2014, cuando varios alcaldes socialistas participaron en la consulta del 9-N, la dirección de Miquel Iceta ha alertado por activa y por pasiva a sus cargos públicos de que esta vez no deben tomar parte en un referéndum ilegal ni facilitarlo. Pese a ello, varios regidores, como el de Blanes, se han salido del guion fijado para dar su apoyo al 1-O, despertando en el partido fantasmas del pasado.

El PSC cuenta con 122 alcaldes y forma parte del equipo de gobierno en 65 municipios más. Por el momento, de estas 187 poblaciones, y pese a que 51 están adheridas a la Associació de Municipis per la Independència (AMI), solo ha habido voces discordantes con la doctrina oficial en seis: Girona, Terrassa, Blanes, L'Escala, Vallbona d'Anoia y Castellbell.

Iceta apuesta por no sancionar a los ediles del PSC que apoyen el referéndum

En Girona, la única de estas poblaciones donde el PSC no gobierna, sino que sostiene en la alcaldía al PDECat, la portavoz municipal socialista, Sílvia Paneque, ha asegurado que no pondrá "palos en las ruedas" al referéndum. En la misma línea se ha posicionado Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, que sí comparte gobierno con los posconvergentes, ha asegurado que no impedirá que sus conciudadanos voten el 1 de octubre.

CESIÓN DE LOCALES

Maribel Ferrer, alcaldesa de Vallbona d'Anoia, se ha justificado diciendo que "dentro del gobierno ganan los que están a favor del referéndum [PDECat y Units per Vallbona-Veïns amb Veu]" y que, por tanto, cederá espacios municipales. La misma predisposición que la mostrada por la regidora de Castellbell, Montse Badia, que no pondría "ningún impedimento" a prestar locales para la consulta. 

"Para resolver la situación de callejón sin salida actual hay que recurrir a las urnas", ha sentenciado Víctor Puga, alcalde de L'Escala. En Arbeca, gobernado por una Candidatura de Progrés Municipal (marca blanca vinculada al PSC), el alcalde, Joan Miquel Simó, también afirma que cederá locales y añade que no teme ninguna represalia, ni del PSC ni PSOE, porque ni él ni los concejales son militantes socialistas.

LOS CASTIGOS

La sombra de las sanciones apareció tras las polémicas declaraciones del alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, que, entre muchas otras reflexiones, se preguntaba: "¿Qué daño se hace con papeletas y urnas?". Antes de que rectificase, tanto el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, abrieron la puerta a castigos para los ediles díscolos. Pero Iceta ha optado por hacer un llamamiento a la calma. Tras vaticinar que no habrá "ni referéndum ni sanciones", el primer secretario ha advertido de que, en todo caso, esta decisión le compete al PSC, y no al PSOE.

En la dirección de los socialistas catalanes entienden que la dinámica particular de cada municipio puede obligar a hacer equilibrios. Pero varios miembros de la ejecutiva consideran un error que sus ediles tengan que empeñar su palabra por un referéndum que están convencidos de que no se celebrará, por lo que estas polémicas son innecesarias y no hacen más que dañar su imagen. Por ello, Iceta se inclina por sancionar solo al que cometa alguna ilegalidad, dejando claro que participar en manifestaciones, reuniones o firmar manifiestos como el de la AMI no será motivo de castigo.