Pulso Puigdemont-Rajoy por los funcionarios

El debate empieza a bajar a lo concreto. Tras meses, sino años, en que los principios democráticos, la legalidad y la legitimidad han llenado páginas enteras, la entrada en la fase de la unilateralidad, cuya formalización se verá esta misma semana con el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum, empiezan a asomar ya cuestiones mucho más cercanas a los ciudadanos. Por ejemplo, y por encima de todo, el papel de los funcionarios de la Generalitat (unos 200.000) en el entramado de la consulta vinculante.

De hecho, las dos trincheras, el Govern y el Ejecutivo central, se atacan poniendo los funcionarios como arma arrojadiza. El Gobierno de Mariano Rajoy es consciente de que los funcionarios catalanes son una pieza clave en la hoja de ruta independentista y confía en que no sucumban a las presiones de la Generalitat ante el referéndum. Por eso, ve importante recordar que la primera obligación de un empleado público es la "lealtad" a la Constitución y que su incumplimiento puede llevar a incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales. Así se recoge en uno de los argumentarios internos que maneja la Moncloa.

El Ejecutivo del PP confía en que los funcionarios no se arriesgarán a posibles sanciones. Eso sí, varias preguntas sobrevuelan la polémica. ¿Cuántos funcionarios se precisan? ¿Cuántos miles hay dispuestos a correr con el riesgo de tener que rendir cuentas, después con la justicia?

LEALTAD A LA CARTA MAGNA

El pasado viernes, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, fue preguntado expresamente por el papel que esperan de los funcionarios si se convoca el referéndum y dijo que no dudaba de que cumplirían con la ley y "con lo que ordena el Tribunal Constitucional".

En este sentido, subrayan que los funcionarios públicos que infrinjan ese "esencial deber de lealtad" a la Carta Magna pueden incurrir en responsabilidades. Por ello, el Ejecutivo no duda, incluso, en pergeñar una especie de manual de buenas prácticas constitucionales para los empleados públicos.

Así, destaca que aquellos que por atenerse a la Constitución incumplan órdenes de sus superiores jerárquicos no pueden incurrir en ninguna responsabilidad, cuando esas órdenes sean "claramente contrarias" al ordenamiento constitucional. En este punto, cree que es recomendable que el funcionario que reciba una orden contraria a la Constitución exija a su superior jerárquico que sea por escrito.

Hace unos días, la ‘consellera’ de Governació, Meritxell Borràs, acusó al Gobierno de Rajoy de querer "amenazar" a los funcionarios y dijo que, ante el proceso político que vive Catalunya, "preservarán y protegerán a los trabajadores públicos", sin ponerlos "en riesgo".

El presidente del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha asegurado hoy que el Parlament y el Govern trabajan "para dar cobertura legal al referéndum" y que también se dará "cobertura a los trabajadores públicos durante la organización" de esta votación.